Samuel Navarro Castro. Seremi de Justicia y Derechos Humanos Aysén.
La desaparición forzada constituye un crimen contra la humanidad que no prescribe y que corresponde a un método de represión política que se ha utilizado en distintas regiones y latitudes y que ocurre cuando personas son arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad ya sea por funcionarios o agentes de un gobierno, negándose con posterioridad a revelar su ubicación o reconocer el que se encuentran privadas de libertad, quedando en la total indefensión, al margen del ordenamiento jurídico.
En el año 1992 la asamblea general de las naciones unidas proclamó la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como refuerzo internacional especifico y universal en contra de esta grave violación de los derechos humanos.
Con posterioridad, en el año 2010 se estableció también por naciones unidas el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, esta fecha recayó en el día 30 de agosto de cada año, y tiene como objetivo, fomentar la concienciación sobre este grave flagelo que afectó a varios países de nuestra América morena, en la época de las dictaduras cívico-militares que se establecieron en nuestro continente.
El fenómeno de la desaparición forzada genera una sensación de inseguridad que no solo afecta a las víctimas o a sus familiares directos sino al conjunto de la comunidad. Siendo un crimen de derechos humanos que no prescribe, exige por el contrario a la sociedad, desarrollar todas las acciones tendientes a su cese y a la búsqueda de los desaparecidos.
En Chile fue una práctica habitual a contar del 11 de septiembre de 1973 y hasta el 10 de marzo de 1990, disponiéndose de una institucionalidad ad hoc para este fin y contando con cuantiosos recursos humanos y materiales destinados a ese objeto. Los familiares desde un primer momento fueron los principales interesados en dar con el destino de sus seres queridos, recorriendo y golpeando puertas de cárceles, recintos de detención, centros hospitalarios, instituciones, interponiendo recursos y acciones judiciales con tal finalidad.
Cumpliendo con su programa y compromiso, el Presidente de la República Gabriel Boric Font y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, oficializaron al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia como una política de Estado y, por lo tanto, de carácter permanente, con fecha 30 de agosto de 2023, saldando así una deuda con las víctimas, los familiares y con la sociedad en su conjunto, toda vez que siendo el estado el agente responsable, promotor y causante de la desaparición forzada, por primera vez éste asume un rol protagónico en la búsqueda de los detenidos desaparecidos en Chile, a través de una política permanente, ya no recayendo exclusivamente en los familiares y o en los tribuales tal actividad, como la había sido hasta antes de esta determinación.
Este Plan de Búsqueda ha establecido una misión y objetivos que en próximas entregas iremos detallando e informando, pero de momento establecer que el objetivo general del Decreto 98 es el de esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada, del periodo dictatorial, todo ello de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.
Como tal este Plan de Búsqueda contiene tres objetivos específicos:
- Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero.
- Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
- Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.
Hoy, transcurrido un año de la implementación del Plan de Búsqueda de Verdad y Justicia podemos hacer un balance positivo en este primer año de vigencia, en cuanto a metas, acciones y actividades desplegadas, lo que nos hace abrigar esperanzas de avanzar ciertamente en conocer el paradero de los 1.469 detenidos desaparecidos reconocidos, y de encontrar a los más de mil que aún nos faltan por recuperar.
Los detenidos desaparecidos no solo les faltan a los familiares, nos hacen falta a todos y todas.
