Manuel Riesco. Vicepresidente CENDA
El 30 de julio pasado, el funcionario público nombrado por el Presidente de la República para ejercer como su Ministro de Hacienda, concurrió a la Comisión de Constitución de la Cámara, donde realizó una presentación respecto de eventuales efectos de un nuevo retiro de fondos AFP. Argumentó en contra, tal como ha venido haciendo con todos los anteriores, exagerando sus eventuales efectos negativos y menospreciando sus evidentes aspectos positivos. Lo destemplado de esta exposición amerita una respuesta.
Reconoció que esta fue su presentación número 12 en contra de los retiros, incluyendo las que hizo cómo funcionario en ejercicio del cargo público de Presidente del Banco Central, nominado allí por el Presidente de la República y el Parlamento. En todas ellas ha sido acompañado por otro funcionario público, designado a su vez por el Presidente, que funge de Superintendente de Pensiones, quien ha respaldado y reforzado en ellas las afirmaciones del primero. En esta ocasión, ha sido reforzado asimismo por la funcionaria pública designada por la autoridad política para sucederlo como Presidenta del Banco Central.
En todas estas intervenciones, estos funcionarios públicos han presentado al Parlamento un cuadro unilateral acerca de los retiros, exagerando al extremo y sin mucho respeto por sus auditores ni la teoría económica, algunos sus eventuales efectos negativos, al tiempo que descartan sus evidentes efectos positivos. De todas estas presentaciones, la del 30 de julio pasado ha sido sin duda la más destemplada, impertinente y amenazadora.
El ministro aseguró textualmente, entre otras cosas, que aprobar un nuevo retiro de 10% de los fondos genera una inflación superior al 14 por ciento, paraliza el mercado de renta fija, eleva el costo del financiamiento fiscal, del crédito comercial e hipotecario y eleva el tipo de cambio por encima de los $1.000, genera una paralización de la inversión y caída en el empleo, así como una baja en la actividad revirtiendo todo lo que se ha avanzado —supuestamente, dado que existe abundante evidencia de lo contrario— desde mediados de 2023.
Proyectó un aumento de 50 por ciento en los dividendos de créditos hipotecarios versus lo que habría sin el retiro. Estimó que quienes hagan retiro, en un año perderían en su presupuesto familiar toda la liquidez obtenida del mismo y quienes no tengan fondos que retirar, como las pymes, sólo tendrían costos.
Aseguró que “una inyección de liquidez de una magnitud potencial como la que aquí se contempla implicaría en el corto plazo un aumento insostenible del consumo y una severa disrupción de los mercados financieros de magnitudes superiores a los que ya se aprobaron. El impacto del retiro en sí mismo sobre los mercados financieros superaría lo ocurrido en 2020 y 2021 debido a su impacto no lineal sobre las expectativas que reaccionan de una manera similar a la de un retiro total”.
“En esa circunstancia —amenazó al Parlamento—, para restablecer la estabilidad de la economía, se requeriría de una política monetaria tan restrictiva que induciría de inmediato una recesión, con la consiguiente pérdida masiva de empleos Las consecuencias de esto sobre la economía familiar serían devastadoras”.
Poco después el ministro publicó un artículo en un diario electrónico en que intenta justificar su destemplada presentación anterior. Arropado en un manto de defensa del carácter público del sistema de pensiones y las prerrogativas constitucionales del Presidente de la República al respecto, acusó al Parlamento de haber contravenido con los retiros las segundas y ser presa de “populismo… miopía… liberalismo extremo… intereses creados y desidia… conducir la economía a la ruina… llevándose un siglo de historia social de Chile y el futuro de millones de trabajadoras y trabajadores cuando no tengan con que sostenerse en la vejez”.
De este modo y como reza el sabio dicho popular, en esta ocasión este funcionario “se fue al chancho”, en su inveterada defensa del desvío del grueso de las cotizaciones previsionales salariales al ahorro forzoso en el mercado de capitales, para financiar negocios de grandes empresarios.
No es que en sus 11 presentaciones anteriores ante el Parlamento en contra de los retiros este funcionario haya sido prudente, pulcro y profesional, evitando influir indebidamente en la dictación de políticas públicas, en aspectos que excedan el marco de sus atribuciones, como corresponde a su deber funcionario. Tampoco en el informe que preparó como presidente del Banco Central para impedir que la primera reforma de la Presidenta Bachelet tocase en modo alguno el desvío de cotizaciones al ahorro forzoso.
Muy por el contrario, tanto este funcionario como otras autoridades del actual gobierno, han argumentado siempre unilateralmente en defensa del ahorro forzoso, con métodos y aseveraciones que contradicen flagrantemente los de la ciencia en general y de la teoría económica en particular.
Para argumentar acerca de las ventajas del ahorro forzoso y fundamentar el supuesto impacto de los retiros sobre la inflación, por ejemplo, reiteradamente han recurrido al conocido error metodológico de confundir correlación con causalidad. En el citado informe presentado por él a nombre del Banco Central, dicho error se lleva al extremo, al confundir la obvia igualdad entre el ahorro e inversión con causalidad del primero sobre el segundo. Cómo se sabe, ello opera exactamente al revés, es decir, la inversión se determina por la rentabilidad de los negocios, la que a su vez depende entre otros factores como la estabilidad institucional, y es su demanda para inversiones la que determina la disponibilidad de ahorro, y no a la inversa.
Del mismo modo, es sabido que durante la reciente crisis COVID, es decir coincidentemente con los retiros 10%, se produjo una fuerte alza en los precios. Hoy se ha comprobado que la misma fue provocada principalmente por los atochamientos y alzas de precios en las cadenas de abastecimiento, de una demanda de las personas que, en general y felizmente, todos los países sostuvieron mediante diversas políticas públicas. Este fenómeno mundial afectó también a Chile, pero el único estudio serio acerca de la incidencia directa de los retiros sobre el referido fenómeno de alzas de precios en Chile, realizado por el profesor de la Universidad de Chile, Dr. Ramón López, publicado por CEPAL y presentado al Parlamento en julio de 2023, concluye que esta fue de poco más de un punto porcentual.
En su alharaca acerca del impacto “inflacionario” de los retiros debido a su efecto sobre la demanda agregada, las antes aludidas presentaciones olvidan el ABC de la teoría económica al respecto, que señala que inflación no es cualquier alza de precios sino conceptualmente un fenómeno puramente monetario, un envilecimiento de la moneda originado en una emisión monetaria que excede la demanda por dinero. Los retiros, en cambio, son una transferencia de recursos reales, cuyo efecto sobre la demanda agregada es exactamente de la misma naturaleza que, por ejemplo, un incremento del mismo monto en las inversiones directas del empresariado. Asimismo, el efecto sobre el tipo de cambio de la parte de esta inyección de recursos reales a la economía chilena que viene desde el exterior es similar en un caso como en el otro. De hecho, por ejemplo, el peso se revaluó fuertemente respecto del dólar en varios momentos durante el curso de los retiros.
Hay que preguntarse entonces porqué el funcionario aludido, que jamás haría un escándalo similar ante el Parlamento alegando en contra del supuesto impacto inflacionario de un incremento en la inversión, lo hace en cambio contra los retiros. Y suma y sigue.
Todo este impertinente alegato ante el Parlamento se ha hecho con el manifiesto propósito de inducir a este poder del Estado, integrado por autoridades políticas elegidas por el pueblo, a rechazar los “retiros 10%”. Felizmente no ha surtido efecto al menos en tres oportunidades, las que por cierto comprobaron de modo contundente la falacia de todas y cada una de estas profecías apocalípticas.
En efecto, “los retiros 10%” aprobados por el Parlamento han sido de lejos la política pública reactivadora más potente y de menor impacto inflacionario y fiscal en registro. Sin duda ha sido la medida redistributiva y de reparación, singular, más contundente de la historia. Por lo mismo, aquella que, al enfrentar y doblegar con decisión la resistencia frenética de los grupos abusadores más poderosos, sin duda la que más ha contribuido a legitimar el sistema democrático. En los hechos lo salvó del derrumbe en su momento de crisis más aguda.
Por el contrario, el funcionario aludido, en su inveterada y ahora destemplada, impertinente y amenazadora, defensa del gigantesco abuso que significa desviar forzosamente salarios a financiar negocios empresariales, a costa del pueblo trabajador jubilado y el fisco, es por ello uno de los principales responsables de agravar sucesivamente la crisis política nacional en curso, con gravísimas consecuencias de todo orden para la economía y sociedad y especialmente para el sistema democrático, de Chile.
La consecuencia más directa y evidente de los efectos políticos nocivos de su empecinamiento en contra de los retiros, fue nada menos que el hecho, confirmado por todas las encuestas, de que su exitosa maniobra para impedir el retiro del año 2022 incidió directamente en que el Rechazo haya sobrepasado en ese preciso momento al Apruebo en el plebiscito constitucional de ese año.
“Son lo mismo que los anteriores” expresó literalmente un trabajador respecto de las autoridades del actual gobierno en el momento que impidieron los retiros. Justificó de ese modo su voto de rechazo en el plebiscito que cerró por ahora la vía constitucional de superación de la crisis política en curso. No es una opinión aislada en el seno del pueblo, ni mucho menos.
Los retiros 10% han sido buenos por donde se los mire y honran a todos los dirigentes políticos que de manera responsable los aprobaron hace un par de años en forma casi unánime. Ojalá se comporten ahora del mismo modo. Ya veremos.
Lo que no cabe duda es que esta fiesta de los retiros 10% continuará año tras año, hasta que alguien ponga término de una buena vez a este gigantesco abuso del gran empresariado, particularmente los cuatro reconocidos grupos Pinochetistas que se quedan con la parte del león de la cotizaciones, en contra del pueblo trabajador de Chile.
Manuel Riesco
Vicepresidente CENDA
