A través de proyecto de acuerdo.
*Parlamentario plantea que con esto se busca cautelar la correcta utilización de recursos públicos
Cautelar la correcta utilización de recursos públicos. Este es uno de los argumentos principales que sustentan la propuesta del Senador David Sandoval Plaza, en la que plantea que sea solo hasta el mes de septiembre la fecha máxima en que los gobiernos regionales puedan realizar transferencias de recursos hacia distintas instituciones.
Al respecto, el parlamentario señaló que los cuestionamientos que han existido desde que estalló el caso Convenios, han hecho imprescindible que se tomen medidas de fondo que permitan efectivamente corregir los problemas que dicha situación ha ocasionado. “Promovemos que las acciones vinculadas al ejercicio de las facultades presupuestarias de los Gobiernos Regionales tengan una regulación adicional”, señala en el documento.
De ahí que se solicite al Ejecutivo presentar un proyecto de ley para que los GORES puedan transferir fondos para el desarrollo de planes o programas, con fecha límite hasta el mes de septiembre de cada año, “constituyendo, por consiguiente, ilegal toda transferencia posterior a este término, generándose las responsabilidades que en derecho corresponda”.
Ya en los últimos días, Sandoval había planteado sus reparos respecto a la forma en que se habían flexibilizado los procedimientos para permitir los traspasos de recursos, recalcando que aquello terminó perjudicando a quienes más lo necesitan. “A diciembre del año pasado, había cinco gobiernos regionales que habían utilizado menos de la mitad de su presupuesto. (La flexibilización) en vez de facilitar el sistema, permitió el blanqueo presupuestario y no la ejecución (de recursos)”, planteó en la última sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta a la que asistió, entre otros, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde precisamente se analizó esta materia.
“Y si a eso le sumamos la arista de los convenios y estas cosas raras que acontecieron, se transforma en un tema complejo”, agregó el legislador, cuestionando de paso el caso de la fundación ProCultura en la región de Aysén, y la forma en cómo se llegó a dicha entidad para ejecutar una iniciativa en la Provincia Capitán Prat que beneficiaría a 70 familias, si bien, a diferencia de otras zonas del país, no se alcanzó a ejecutar un peso del convenio, el que finalmente fue dejado sin efecto por el GoreAysén. “Solo el destape del caso fundaciones salvó al GORE Aysen de involucrarse en un drama mayor. Sin embargo, la intención de poner en marcha convenio con ProCultura existió, por eso el Consejo Regional debe estar muy atento a fiscalizar y continuar seguimiento”, subrayó.
Para el parlamentario “hay una necesidad de cómo se corrige este tema y procedimiento, pues las normas que hoy están vigentes permiten esta excesiva flexibilidad”, haciendo un llamado a mejorar la eficiencia en el gasto público.
