El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, expuso ante la Comisión de Obras Públicas del Senado el Proyecto de Ley corta que busca modificar la Ley N°20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales (También conocidos como APR), con el objetivo de flexibilizar su implementación en atención a la realidad de los 2.340 comités y cooperativas de APR que existen en nuestro país y que benefician a más de 2 millones 146 mil personas con el abastecimiento de agua potable.
“En abril de este año, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, comenzamos un proceso participativo con las diferentes agrupaciones de agua potable rural del país para escuchar y conocer las inquietudes y dificultades que han tenido para acogerse a todos los aspectos relativos a la implementación de esta Ley, es por ello que hemos presentado estas modificaciones legales que apuntan a mejorar los estándares de todos los Servicios Sanitarios Rurales del país”, informó el ministro Juan Carlos García durante su presentación en el Congreso.
En esa línea, el Secretario de Estado, explicó que: “Se trata de una ley vigente desde noviembre del año 2020 que buscaba establecer deberes y derechos para mejorar la gestión de estos servicios, pero que producto de la pandemia y otras dificultades reglamentarias no se ha podido aplicar, pero que ahora buscamos mejorar a partir de un diagnóstico y un plan de trabajo conjunto”.
“Sabemos que se trata de modificaciones legales que son necesarias y que podemos trabajar en conjunto de manera progresiva para el beneficio de todas las personas”, agregó el titular de MOP.
Así lo refrendó también el Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde: “se trata de modificaciones legales que son necesarias y que podemos trabajar en conjunto de manera progresiva para el beneficio de todas las personas, especialmente en nuestra región de Aysén, donde hoy tenemos 46 servicios sanitarios, beneficiando a más de 27.000 personas con el abastecimiento de agua potable rural”. Por consiguiente, seguiremos viajando a los sectores donde tenemos servicios sanitarios rurales, acompañando y capacitando a los comités para que dentro del nuevo plazo podamos cumplir con la totalidad de ellos inscritos en el registro de operadores del MOP”.
La Ley corta presentada por el MOP, se encuentra actualmente en la Comisión de Obras Públicas del Senado, continuará con su presentación en la Comisión de Recursos Hídricos, luego en la Comisión de Hacienda y finalmente, pasará a votación en sala general y particular, para posteriormente continuar su trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Paralelamente al trámite legislativo, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, conformará diferentes grupos de trabajo para coordinar el avance, la revisión de instructivos y los manuales para la implementación de la Ley, a través de una Mesa Nacional y Regional de Coordinación Intersectorial, Mesas Nacionales y Regionales con los dirigentes de APR.
MODIFICACIONES EN ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA LEY N°20.998
El proyecto de Ley corta contempla la modificación de plazos y la flexibilización de los requisitos para la inscripción en el Registro de Operadores, aumentando en dos años el plazo de inscripción a contar del 20 de noviembre de 2022. Adicionalmente, se establece que la primera fijación tarifaria se realizará en proporción a la clasificación por segmentos, a partir del 20 de noviembre de 2024, para los segmentos mayor (601 a más arranques) y mediano (301 a 600 arranques), y a partir del año 2029 para el segmento menor (hasta 300 arranques).
En materia de capacitación y acompañamiento, se establece la obligación de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP de capacitar y acompañar a los comités y cooperativas en el proceso de implementación de la Ley. En el mismo sentido, se contemplan capacitaciones por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
En relación al plazo para la visación de proyectos, se extienden los plazos a partir de noviembre 2023, para que la Subdirección de Servicios Sanitarios realice la visación de proyectos de otras instituciones del Estado.
En cuanto a las elecciones de los Consejos Consultivos, se incorpora una prórroga que aumenta el plazo para la realización de las elecciones del Consejo Consultivo Nacional, de manera que éstas se realicen a más tardar el año 2024. En el caso de los Consejos Consultivos Regionales, se deberán efectuar los llamados para las elecciones a más tardar el año 2023.
Finalmente, se prorroga la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a los APR, para el segmento mayor a partir del 20 de noviembre de 2024, el segmento mediano a partir del 20 de noviembre de 2025 y para el segmento menor a partir del 20 de noviembre de 2027.
