Daniel Jadue
Hace casi tres años, diversos alcaldes y alcaldesas de Chile nos pusimos a disposición de los movimientos sociales para, desde nuestra posición, impulsar los cambios y las transformaciones que Chile demandaba. De hecho, fueron las municipalidades las primeras en responder al llamado mayoritario del pueblo movilizado que clamaba por una Asamblea Constituyente con el fin de destituir la Constitución y el modelo impuesto por la dictadura, para luego dar paso a un proceso constituyente que asumiera el desafío de construir un nuevo pacto social, que nos permitiera dar respuesta, como sociedad, a las demandas por tantos años postergadas.
Fue la misma disposición que tuvimos en el proceso de diálogos constitucionales que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet durante su segundo mandato, colaborando en la realización de cientos de cabildos ciudadanos, algunos de los cuales fueron impulsados también desde los municipios. Lamentablemente, el gobierno de Sebastián Piñera, envalentonado por el triunfo en las urnas, desechó ese proceso para continuar profundizando el modelo que tanto dolor le ha causado a miles de familias chilenas.
La interrupción del proceso constitucional, por el triunfo mayoritario del Rechazo, exige que nuevamente pongamos a disposición de la ciudadanía toda la colaboración posible, pero una vez más desde un lugar de avanzada en el proceso de profundización democrática, de tal manera de asegurar que la continuidad del proceso se lleve a cabo con más democracia y no con menos, como algunos sectores políticos pretenden.
Es muy relevante que no se retroceda en ninguno de los avances democráticos que el primer proceso alcanzó. Se deben mantener los niveles de representatividad e inclusión del mismo. Esto implica no disminuir la cantidad de convencionales, ya que mientras menos convencionales redacten la nueva Constitución esta será menos representativa de la diversidad que Chile tiene hoy, lo que nos pondría, una vez más, ante la posibilidad de un nuevo rechazo, precisamente por retroceder en los niveles de identificación potencial del texto que resulte de un nuevo proceso.
Lo mismo opera con la paridad y con los escaños reservados, ya que eliminarlos o disminuir su representación significaría un retroceso en las luchas de representación. Tampoco debe limitarse o dificultar la participación de los independientes, que hoy por hoy -según el Servel- representan más del 95% de la población nacional, lo que implicaría un riesgo mayor de captura del proceso por parte de un sistema político duramente cuestionado, con la consiguiente desafección respecto del proceso de los verdaderos protagonistas de las transformaciones, que el mismo sistema político no fue capaz de impulsar en más de 30 años.
Los cambios entonces deben venir en la lógica de profundizar la participación popular en el proceso, aumentar los espacios de diálogo con los pueblos de Chile y perfeccionar el diseño del mismo, instalando dispositivos para dirimir con la ciudadanía, diferencias significativas en el curso del proceso e incluir en el plebiscito de salida la posibilidad de dirimir aquellas materias en donde no se logren los acuerdos mayoritarios durante el proceso.
También debiera entregarse más flexibilidad a la nueva Convención para adecuar sus tiempos a lo que el proceso vaya requiriendo, de manera de asegurar una amplia participación de las organizaciones sociales y la ciudadanía durante el proceso y, de la misma forma, asegurar los recursos necesarios para que la instancia cuente con una política comunicacional capaz de hacer frente a cualquier campaña del terror o de noticias falsas que algunos grupos de interés intentarán nuevamente desarrollar. Lo mismo corre para el proceso oficial de campaña, el que debiera asegurar recursos equivalentes para las distintas opciones con financiamiento estatal, de manera de evitar la intervención de los poderosos en desmedro de las mayorías.
Desde esta perspectiva, no resulta lógico tratar de acotar los tiempos, ni restringir la participación popular solo al plebiscito de salida, como algunos pretenden. Para tener una nueva Constitución, verdaderamente mayoritaria, no debiéramos escatimar esfuerzos, ni en tiempo ni en recursos económicos.
Vale la pena recordar ese dicho popular que afirma que lo barato cuesta caro, ya que por tratar de gastar lo menos posible y salir de la crisis institucional por la que atravesaba el país, recuperando el control del proceso para el sistema político, no le entregamos a la Convención ni los recursos ni el tiempo necesario para hacer del mismo un proceso participativo, vinculante y con una política comunicacional acorde a la importancia de lo que estaba en juego.
De la misma manera, tampoco podemos arriesgarnos nuevamente a vernos enfrentados a una campaña asimétrica, desde el punto de vista de los recursos, por lo que el Estado deberá financiar y asegurar condiciones equivalentes para que las campañas se den en un marco democrático y de igualdad de oportunidades entre las opciones, lo que claramente no se dio en el plebiscito del 4 de septiembre.
Hoy no tenemos por qué partir de cero, pero si el sistema político pretende ignorar los errores de diseño del primer proceso, seguramente volveremos a tropezar con la misma piedra, condenando al pueblo de Chile a seguir viviendo bajo las sombras de una Constitución injusta, antidemocrática y que legitima los abusos y la desigualdad.
Columna publicada originalmente en cooperativa.cl
