El martes 17 de agosto, por unanimidad, el Congreso aprobó la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensión de alimentos, normativa que, junto con el Registro Nacional de Deudores, viene a dar respuesta a todas aquellas madres y niños, niñas y adolescentes impactados por pensiones de alimentos impagas.
“Los retiros de fondos de pensiones dejaron en evidencia la magnitud del problema en cuestión, debemos recordar que sólo en el primer retiro se solicitaron más de once millones de retenciones para el pago de deudas por pensión de alimentos, y más de nueve millones en el segundo retiro. Esta situación puso de manifiesto la gravedad de un tema que era casi un tabú, del cual todos sabíamos, por casos cercanos, en muchas ocasiones, pero del cual el Estado no se estaba haciendo cargo efectivamente. Por esto, y en coherencia con la línea política feminista del gobierno, en julio se dio urgencia y discusión inmediata al proyecto de Ley, gestión que favoreció un proceso legislativo rápido, eficiente y capaz, no solo de garantizar el pago efectivo de las pensiones de alimentos, sino que además de velar por la dignidad de madres, niñas, niños y adolescentes.” Señaló la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Andrea Méndez.
Al respecto, qué objetivos persigue esta ley:
Establece un sistema efectivo para la identificación del patrimonio del deudor de alimentos, compromete plazos acotados para que lo adeudado se salde y focaliza el procedimiento en los tribunales, no en las mujeres madres. Quienes, hasta ahora, tenían que, junto con cargar con la responsabilidad económica de sobrellevar el cuidado de sus hijos o hijas, buscar información de tipo financiera asociada a progenitores con deudas impagas.
Con esta ley el Estado contribuye a subsanar los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes por pensiones de alimentos impagas y, al mismo tiempo, sanciona y visibiliza la violencia económica que se ejerce contra las mujeres. Toda vez que, como consecuencia del abandono de responsabilidades parentales son obligadas a cargar solas con el peso de la crianza, lo cual dificulta sus proyecciones personales, profesionales y/o laborales, convirtiéndose, entonces, en un gran obstáculo para la autonomía económica de las mujeres.
