Autoridades detallaron medida decretada por el Ministerio de Agricultura para evitar la proliferación de proyectos inmobiliarios, ante los efectos sobre los sistemas agroproductivos y el equilibrio biológico.
Como una medida que busca controlar los efectos de los loteos para las comunidades agrícolas y el territorio, fue calificada por autoridades regionales, la reciente instrucción del Ministerio de Agricultura al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en torno a suspender la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agro productivos y al ecosistema.
La acción va dirigida a las solicitudes de subdivisión de predios rústicos que se encuentran en evaluación (ya ingresadas) o a futuras solicitudes, en el marco del Decreto N°3.516 de 1980, lo cual no implica una prohibición para los usuarios/as en cuanto a continuar presentando solicitudes de subdivisión predial, sino que apunta que ante presentaciones en las cuales el SAG tenga dudas de su destino final, suspenderá la tramitación regular de éstas con el objeto de pedir antecedentes a otros servicios públicos, para su decisión final. Medida que no afecta a la propiedad privada más allá de los límites que la propia ley impone al ejercicio del derecho de dominio.
“Como autoridades, no estamos adoptando medidas que vayan contra legítimas aspiraciones de algunas personas. Lo que queremos es preservar la destinación de nuestro uso agrícola, entendiendo además lo que nos han señalado, que tiene que ver con la sustentabilidad, pero además con la soberanía y la seguridad alimentaria”, subrayó el seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.
Espinoza señaló que la medida de suspensión busca evitar la proliferación de proyectos de loteos en áreas rurales que vulneran la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional.
“La medida surge tras constatar por parte del Ministerio de Agricultura y en conjunto con la Gobernación, con la Delegación Presidencial Regional, el Servicio Agrícola Ganadero, MINVU y también con los municipios, de las numerosas demandas sobre proliferación de proyectos inmobiliarios, de loteos en áreas rurales que vulneran la normativa legal vigente. Con esto lo que buscamos es preservar el suelo rural para fines agrícolas.”, expresó.
Loteos, una problemática en Aysén
El progresivo aumento de ofertas comerciales por terrenos en la región, sustentada en la naturaleza prístina y su alto valor ecológico, es una de las problemáticas expuestas por el Gobierno Regional, Delegación Presidencial Regional y servicios públicos dependientes, municipalidades y comunidades.
De allí que desde marzo a la fecha trabajó la Comisión Regional de Megaloteos encabezada por el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, con participación de las secretarías regionales ministeriales de Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en diálogo con organizaciones del territorio.
“Nosotros tomamos cartas en el asunto y al asumir este gobierno iniciamos sesiones con los seremis de Vivienda, Agricultura, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para ver cómo abordábamos este tema, revisando la legalidad de los aspectos que involucra este proceso. Hemos tenido reuniones con organizaciones comunitarias, con la ZOIT (Zonas de Interés Turístico) y con los alcaldes. Tenemos coincidencia en que hay elementos legales y la idea es avanzar, hacer estos diálogos con todos los actores involucrados y llegar a una manera de abordar esta problemática de manera conjunta y con una visión regional”, destacó el Delegado Rodrigo Araya.
Las instrucción emitida por el Ministerio de Agricultura, apuntan a que si durante la evaluación de una solicitud de certificación de subdivisión de predios rústicos y en forma previa a la emisión del correspondiente certificado, el SAG advierte que el proyecto como tal pudiera involucrar un eventual cambio de destino de los lotes resultantes hacia aquellos no permitidos por la normativa (uso habitacional); deberá requerir los informes que sean pertinentes a otros organismos del Estado como MINVU, CONAF, MOP o cualquier otro servicio público que considere necesario, a fin de resolver o rechazar dicha la solicitud.
