Con preocupación se han sostenido reuniones entre la Gobernadora Regional electa, Andrea Macías Palma y representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (FENATRAPORCHI), quienes manifestaron sus aprensiones respecto al proceso que el Gobierno ha desarrollado en torno a licitar la administración de los únicos tres puertos estatales de la Zona Austral del país, involucrando a Puerto Montt, Puerto Chacabuco y Magallanes. Desde la asociación de trabajadores expresaron sus inquietudes por el impacto que esto tendría en sus fuentes laborales, pero también, en la relación de la comunidad con sus puertos.
Desde hace un tiempo, las bases de estas licitaciones están siendo revisadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), a solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para asegurar procesos transparentes y que no favorezcan a ninguna empresa en particular, sin embargo no hay una revisión en términos del impacto que esta privatización tendría en la vida de quienes habitamos estos territorios. La Gobernadora Regional (e) Andrea Macías Palma indicó que “en nuestra región tenemos tradición portuaria, y sectores como Chacabuco han sido fundamentales para el desarrollo de Aysén y sus comunidades, y no creemos que el camino sea privatizar el único Puerto de administración estatal con el que contamos, ya que a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, nuestro Puerto de Chacabuco significa conectividad, trasporte de bienes básicos de consumo, logística y desarrollo. Lo que debemos entender es que, si hoy un litro de bencina en algunos casos supera los mil pesos, esto se puede encarecer aún más. Si en Villa O’Higgins, un tarro de leche cuesta trece mil pesos, esto se encarecerá más, solo porque el valor de operación de los puertos será más alto y ese costo, como siempre, se cargará al consumidor final, vale decir, a quienes vivimos en la Región de Aysén”. Esto, se agudizaría aún más, con la salida del TDLC de las bases de licitación de los puertos de Chacabuco y Puerto Montt, las cuales no tuvieron contraparte, por lo que nadie defendió nuestros intereses en el tribunal, ni se presentaron antecedentes en los alegatos sobre los alcances sociales de esta privatización.
Dentro de las funciones que tienen los puertos en la zona austral de Chile es importante destacar la función social de los terminales navieros, que unen localidades y a la región con el resto del país, y permiten a también a muchos comerciantes traer sus mercaderías por vía marítima, lo que, con este eventual proceso de integración vertical impulsado por este Gobierno, terminaría con una administración estatal que opera desde 1997 en el caso de Chacabuco. Para la Gobernadora Regional (e), “resulta fundamental iniciar un diálogo entre autoridades electas, diputados/as y senadores/as, a fin de fijar una postura que nos permita defender los intereses de nuestra Región y ser garantes de los intereses de nuestras comunidades, sobre todo considerando que la presencia del mercado en estos temas repercute directamente en el bolsillo de las personas, lo que en este contexto sanitario y social es un despropósito. No podemos seguir reduciendo el tamaño del Estado, sobre todo en elementos tan importantes socialmente para lugares aislados, como un terminal naviero.”
Finalmente, la Gobernadora (E) Macías indicó que el tema apremia, ya que los plazos son acotados, y esta operación se ha realizado en absoluto silencio, sin dar a conocer a la comunidad regional esta eventual privatización, ni menos, abrir un proceso de diálogo que explique desde el Gobierno cuales son los beneficios de avanzar en esto para los y las habitantes de la región, y anticipó que se están realizando acciones conjuntas con los Gobernadores electos de Los Lagos y Magallanes para enfrentar el tema como macrozona sur-austral.
