Una extensa declaración pública emitió la asociación de funcionarios de la Subsecretaría de Educación Parvularia, cuestionando el nombramiento de Sebastián González Rogers como director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la región de Aysén. “Nos parece fundamental y parte de nuestra responsabilidad, dar a conocer la existencia de un conflicto de interés en este nombramiento, dado que Sebastián González fue el representante de la autoridad (de la Subsecretaría) en el Servicio Civil, específicamente en los concursos de Alta Dirección Pública (ADP), para los procesos de selección de personas en los distintos Servicios Públicos del país”, advierten.
Efectivamente, con fecha 5 de septiembre de 2018, a través del ordinario 908/2018 la Subsecretaria de ese momento, María José Castro, designó a Sebastián González “como representante ministerial para desempeñarse en los procesos de se lección de los cargos directivos sujetos al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) de la JUNJI”.
“Con ello, se establece un vínculo más cercano con los representantes del organismo, que son finalmente incumbentes en estos nombramientos, es decir, el señor Sebastián González fue juez y parte interesada con vínculos cercanos a su nombramiento, obviando la esencia del proceso de Alta Dirección Pública (ADP), que busca la imparcialidad y la objetividad en la determinación de los seleccionados en los procesos que se llevan adelante a través de él y birlando al sistema con maquinaciones en su propio beneficio e interés, contaminando no sólo su proceso de selección, sino que todo el Sistema de ADP y faltando gravemente a la probidad administrativa que se requieren y se exigen de la Administración Pública”, señalan los funcionarios de la subsecretaría de educación parvularia, donde González Rogers fue jefe de división de políticas educativas de esa institución pública hasta el 10 de marzo, mismo día en que es ratificado por el servicio civil como director ejecutivo del SLEP Aysén, el último día de gobierno de Sebastián Piñera.
“Esta irregular situación, que se produjo un día previo al cambio de administración, nos pone en estado de preocupación y alerta, considerando el gran desafío que los SLEP significan para la implementación y fortalecimiento de nuestra Educación Pública, y donde el nombre de quienes están llamados a liderarlos, su idoneidad, probidad y capacidades, no dan lo mismo”, señala María Teresa Da Costa Mejías, presidenta de ANDIME.
Cabe recordar que Sebastián González llegó a la Subsecretaría de Educación Parvularia el año 2018, asumiendo altos cargos de confianza tanto para la Subsecretaria María José Castro como, posteriormente para la Subsecretaria María Jesús Honorato, “administraciones que no manifestaron ningún interés ni compromiso por promover la Educación Pública; sino que más bien todo lo contrario, pues formaron parte de administraciones del Mineduc que se alejaron, dificultaron, retrasaron y complicaron la instalación de los distintos SLEP del país, modificando incluso la Ley para que esto se pospusiera”, señalan.
Compromiso de González Rogers con la educación privada
Da Costa Mejías, quien también es Magíster en Educación con Mención en Curriculum Educacional, agregó que “no solo eso, pues a contrapartida y como foco, potenciaron una gestión que invirtió grandes recursos en convenios con Fundaciones y Universidades Privadas, instalando programas educativos sin evaluación de impacto en aprendizajes o, siquiera, sobre su real calidad, los que, en su mayoría, no eran pensados como política pública de largo plazo o que pudiesen tener continuidad en el tiempo. Al día de hoy, la gestión de Sebastián González, y de la administración de la que formó parte, no dejó una sola política pública implementada en el nivel de Educación Parvularia que pueda considerarse relevante”, explicó la dirigenta.
Para ANDIME quien asuma un cargo de esta naturaleza debe poseer conocimientos profundos de la educación pública “que en el caso de Sebastián González no concurre, sino que también debe ser o llevar varios años vinculado al territorio -en este caso de la región de Aysén- pues resulta fundamental el vínculo y conocimiento con el territorio en dónde tocará desempeñar funciones, sobre todo considerando la existencia en la región de profesionales altamente capacitados y con antecedentes suficientes para asumir dicha responsabilidad, que probablemente participaron del proceso, y que pudieron quedar fuera del mismo sólo por no tener los contactos políticos y la vinculación con el sistema de ADP del señor González”, advierten.
Los funcionarios dejan entrever también una crítica a la nominación de González, pues estiman que en la región de Aysén hay profesionales comprometidos con el rol de la educación pública de calidad.
Por último “esperamos que estos cargos sean revisados por las autoridades entrantes, buscando efectivamente que en estos espacios se encuentren personas comprometidas con las necesidades de la educación pública, de confianza, con experticia comprobada en educación y en Educación Pública, y que al mismo tiempo sean parte de los territorios donde se desempeñan”.
