Para regular el aumento de parcelaciones de terrenos para residencias en Aysén, fenómeno que amenaza los ecosistemas rurales de la Patagonia, la mañana de este viernes la Agrupación Aysén Reserva de Vida (ARV) y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), junto a la gobernadora regional, Andrea Macías, presentaron un requerimiento para que 33 subdivisiones prediales realizadas entre los años 2016 y 2022 sean ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por estar sobre los 80 lotes para destino habitacional, según exige la norma.
“Nuestra legislación ambiental busca prevenir los impactos ambientales que urbanizaciones fuera de la planificación y creemos que estos proyectos debieron haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y por eso los estamos denunciando”, dijo el abogado Erwin Sandoval.
Una vez que las inmobiliarias venden estos lotes, los habitantes exigen al Estado la construcción de caminos, sistema de agua y electrificación rural, además de sistemas de gestión de residuos, todo lo cual se improvisa, tras no existir una planificación adecuada, con el consiguiente costo al erario fiscal y en muchos casos, el impacto negativo en el entorno.
La legislación ambiental, en su artículo 10, letra G de la ley 19.300 establece que los proyectos de urbanizaciones en suelos rurales tienen que ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando son más de 80 lotes.
Es así que la presentación de las organizaciones ligadas al medio ambiente logró encontrar parcelaciones de más de 300 lotes, que no han pasado por el sistema de evaluación ambiental.
“Como gobierno regional estamos llamados a evitar la generación de nuevos espacios urbanos y se asocia principalmente con el impacto ambiental, social y económico. Cuando no se realizan estudios de capacidad de carga, de agua, abastecimiento y humedales ponemos en riesgo a la población que históricamente habita estos lugares. No hay un cuidado planificado respecto de cómo resguardamos el territorio para que en el futuro y en consideración al cambio climático, podamos planificar lo que tenga que ver con alimentación. Lo más grave es que hay una evasión del sistema, hay una ley que establece que por sobre 80 loteos se deben realizar estudios de impacto ambiental y se debe ingresar al sistema de evaluación y esto no se está haciendo. Es más, los megaloteos de inmobiliarias que están parcelando la Patagonia, que venden por internet la tierra, sin considerar los efectos que esto va a tener para el desarrollo de nuestra región”, dijo Andrea Macías, gobernadora regional.
Por su parte, Peter Hartman de ARV agregó que “estamos poniendo en riesgo muchas cualidades de la región, nuestro Aysén reserva de vida. Ellos hacen un muy buen negocio y externalizan todos los problemas, después vamos a empezar las pedidas al estado, pónganos agua potable rural, electrificación, que hay que arreglar el camino y que nos recojan la basura. No es menor el problema del cambio de uso de suelo que se está produciendo a gran escala en la región”, sentenció.
