FA+ y Partido Comunista y otros colectivos patrocinan idea en la Comisión de Forma de Estado.
- Convencionales profundizaron la primera propuesta que busca convertir a Chile en un Estado Regional, ahora puntualizando en competencias de las distintas entidades que administrarían el poder político desde los territorios.
- Asambleas regionales y locales, un ejecutivo central con competencias limitadas se incluyen en la iniciativa.
Un Estado descentralizado, regional y representativo. Esto es lo que proponen desde la Comisión de Forma de la Estado las convencionales constituyentes del Frente Amplio + Independientes Amaya Álvez, Jeniffer Mella y Yarela Gómez, a través de dos nuevas iniciativas presentadas el lunes 10 de enero, las cuales establecen un nuevo orden político interno para las regiones, así como también sus competencias y las de sus autoridades y entidades.
Ambas propuestas de norma fueron presentadas con el apoyo transversal de diversos colectivos presentes en la Convención, como Movimiento Sociales Constituyentes, Independiente No Neutrales, Colectivo Socialista, Partido Comunista y convencionales de escaños reservados. Se trata de un nuevo paso para descentralizar efectivamente el poder político en el nuevo diseño administrativo que se propondrá desde la Convención, considerando el momento político, histórico y social, adecuado para debatir sobre el reparto del poder en los territorios y un nuevo pacto territorial.
La primera iniciativa de norma, que propone un Estado Regional y Entidades Regionales Autónomas, se integra a la propuesta de Orden Político Interno Regional, que contiene un estatuto normativo de autogobierno otorgado por un órgano legislativo regional, con participación territorial y democracia directa. Es decir, se consolidará un Poder Ejecutivo regional a través de los Gobernadores, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Buscamos que las regiones tengan capacidad de auto gobernarse. Por eso, vamos a desarrollar organismos como la asamblea legislativa regional, capaz de garantizar – siempre de forma progresiva y en respeto a la constitución y las leyes- derechos como los sociales y culturales. El proceso constituyente debe ser un espacio donde el poder se redistribuya de forma efectiva”, señala Yarela Gomez, convencional constituyente por el distrito 27.
Además a esto se integran la Asamblea Legislativa Regional, a modo de parlamento local, y la Asamblea Social Regional, de carácter consultivo, para generar procesos representativos e incluir en la toma de decisiones a organizaciones sociales, tales como juntas de vecinos, sindicatos y otros.
Sobre este tema, la convencional constituyente del distrito 20 y vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional, Amaya Alvez, indica que “presentamos otra norma que acompaña el Estado Regional Autónomo, específicamente las Asambleas Legislativas Regionales, para que sean las propias regiones que se dicten normas que hagan sentido a quienes habitan los territorios. Eso va acompañado de un órgano consultivo vinculante como la Asamblea Social Regional, para que las distintas organizaciones puedan manifestar sus opiniones”.
También se proponen las competencias tanto ejecutivas como legislativas a una serie de nuevas entidades, dentro de las cuales se establecen no solo los gobiernos y asambleas legislativas regionales, sino que también un nuevo rol para el Gobierno central, el Congreso Nacional y organismos de presencia en todo el territorio. Frente a esto, existirán una serie de contrapesos para asegurar la autonomía de las regiones y la prioridad del orden regional por sobre el central. Uno de estos será el Consejo de Gobernadores que servirá como vínculo entre los territorios y el Gobierno nacional.
Jeniffer Mella, convencional constituyente por el distrito 5 y coordinadora de la Comisión de Forma de Estado, explicó: “Hemos instalado la creación de un Consejo de Gobernadores, compuesto por las y los 16 gobernadores del país, más la máxima autoridad ejecutiva, encargada de armonizar, velar por la autonomía, y resolver en primera instancia los conflictos de competencia. Queremos un órgano de estas características con funciones y atribuciones reales”.
Estos criterios de descentralización también se aplicarán en los órganos de control y fiscalización, como la Contraloría, los que, si bien tendrán presencia nacional, también funcionarán con criterios de territorialidad.
