* “La titular habría facilitado un bien mueble fiscal a una entidad privada”.
Una denuncia ciudadana motivó al diputado René Alinco Bustos a realizar una presentación ante Contraloría Regional de Aysén, con el fin de solicitar una fiscalización al interior de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Aysén.
Según tomó conocimiento el parlamentario, la titular de la Seremi, Verónica Díaz Cayul, habría facilitado un bien mueble fiscal a una entidad privada a pesar de que no existe un conducto regular para tales efectos.
“La eventual falta, consiste en que este bien propiedad del fisco de Chile fue facilitado por la autoridad a una entidad de carácter privado, lo que a juicio de quien suscribe es contrario a derecho, acto seguido y sin perjuicio de lo anterior se habría facilitado sin exigir ningún tipo de garantía, ni funcionarios debidamente capacitados para el uso de dicho bien, y vulnerando todo tipo de conducto administrativo”, reza el documento presentado por el diputado Alinco, donde además se detalla que el bien mueble se trata de un generador eléctrico, el cual tiene un costo aproximado de $ 10 millones y es parte del escenario móvil entregado hace algunos años a la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Aysén, el que – como se recuerda- no cuenta con funcionarios especializados en la región para poder funcionar.
En el contexto de la denuncia, además se le informó al parlamentario que el generador eléctrico fue prestado sin garantías debido al alto costo y posteriormente se habría intentado por parte de la seremi, el contar con un respaldo de acto administrativo, situación “que va en contra de la normativa”, expresó Alinco Bustos.
Tras lo expuesto, el diputado solicitó ante Contraloría “se pueda realizar una fiscalización a la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Aysén respecto de los hechos recién relatados, y de establecerse la veracidad de los mismos, instruir los procedimientos disciplinarios correspondientes, a fin de establecer las responsabilidades administrativas, que de ello deriven y aplicar las sanciones que nuestro ordenamiento jurídico establece…”.
