En reunión sostenida con el ministro Hernán Larraín, se acordó trabajar en conjunto para gestionar mecanismos de participación de las personas privadas de libertad en el proceso constituyente.
Los integrantes de la Mesa Ampliada de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, Elisa Giustinianovich y Pedro Muñoz, recibieron este martes 21 de septiembre al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, acompañado del director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, con el objetivo de coordinar el trabajo que propone la Convención para garantizar la participación e inclusión de todos los habitantes del territorio nacional en el proceso constitucional, sobre todo de aquellos grupos históricamente excluidos, como son las personas privadas de libertad.
En la ocasión, se acordó trabajar en conjunto, en el más breve plazo posible, para lograr establecer los mecanismos y protocolos de participación durante la discusión del nuevo texto constitucional, así como garantizar que las personas privadas de libertad que tienen derecho a voto, puedan ejercerlo en el plebiscito de salida.
La reunión contó también con la participación de los convencionales Tomás Laibe, Giovanna Roa y Benito Baranda, quienes forman parte de la “Red de participación de personas privadas de libertad” (compuesta por 40 constituyentes que han impulsado esta iniciativa), y agradecieron la celeridad con que el secretario de Estado respondió a la solicitud de coordinación.
“Estamos muy contentos por la reunión y por la voluntad que han manifestado el ministro y el director de Gendarmería de garantizar el derecho de participación de las personas privadas de libertad”, comentó Elisa Giustinianovich.
Agregó que “la Convención es una gran oportunidad para una nueva democracia por la que estamos apostando y sus primeros frutos tienen que ser sin ningún tipo de exclusión, para lo cual el ministro ha manifestado su voluntad de abrir los canales de comunicación para esta mesa de trabajo”.
En tanto, el ministro Larraín manifestó estar a disposición de lo que requiere la Convención en la materia. “Las personas privadas de libertad también son ciudadanos y ciudadanas que deben ser consideradas, por eso hemos manifestado nuestra plena concordancia y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que este organismo necesite, para que esta nueva Constitución refleje lo mejor de nuestro país”.
