El Tribunal Laboral de Coyhaique ordenó a la Municipalidad al pago de más de ochenta millones de pesos, a más tardar en 30 días hábiles, deuda que mantiene con los asistentes de la educación y que el alcalde Carlos Gatica y su Concejo se ha negado a pagar, aduciendo informes de Contraloría.
“Salió una resolución del Tribunal Laboral donde se obliga al alcalde a pagar a los asistentes de educación el bono por derecho adquirido que nosotros tanto reclamamos. En esto ha habido una sentencia, pero el alcalde no la cumplía, porque tenía un dictamen de Contraloría que le decía que no podía darnos ese bono. Hoy día le dan 30 días y si es que no pagan en 30 días, sigue el curso de apercibimiento y desacato”, señaló Jovel Chodil, dirigente comunal y nacional de los asistentes de la educación.
Chodil Velásquez añadió que “esto ha sido incómodo para nosotros en el sentido de que hemos tenido que alejarnos de nuestras funciones y dejar a los niños especialmente sin el resguardo necesario, sin los aseos necesarios y esto perjudica también a los apoderados y a todo el sistema. Por lo tanto, nosotros le pedimos comprensión a ellos, pero al final del túnel se está divisando una pequeña luz que nos da una gran esperanza para trabajar tranquilos y poder seguir haciendo el trabajo a favor de los niños y de la educación”.
Cabe recordar que el bono que exigen los asistentes se paga hace por lo menos diez años, por lo que, desde cualquier punto de vista, incluyendo por cierto la justicia, es un derecho adquirido.
“Si él (alcalde Carlos Gatica) no cumple con esta obligación que es precisa de parte del tribunal, estaría según nuestro criterio, incurriendo en un delito que pudiera ser denunciable al Ministerio Público y que consistiría en un desacato. Lo hemos reiterado varias veces, que nos parece grave que el alcalde de Coyhaique pretenda apartarse del Estado de Derecho y supuestamente en base a información que le había entregado Contraloría tratar de abstenerse de cumplir una obligación que ordena un Tribunal de la República, eso es inaceptable y cualquier persona que entienda un poco de derecho administrativo sabe que la Contraloría General de la República es un órgano fiscalizador de la labor de la administración, pero que habiendo un caso que está judicializado tiene obligación legal de abstenerse”, explicó Marcelo Rodríguez, abogado de los trabajadores.
Presiones y amenazas solapadas del alcalde contra los concejales
En otras palabras, lo que se impone es la resolución del tribunal correspondiente, “es lo que nosotros hemos dicho siempre en este caso. Lamentamos la actitud del alcalde que desde un primer momento su objetivo fue siempre tratar de buscar una excusa para no pagar, incluso a veces cometiendo actos que son bastante criticables como presionar indebidamente a los Concejales de la Región para que apoyen su teoría, y asustándolos con que podrían ser ellos mismo responsables de cualquier situación que si presionan para que se les pague a los trabajadores, cuestión que me parece también irregular, porque sabemos que esta decisión ya fue tomada por el concejo anterior”, manifestó Marcelo Rodríguez.
Cabe consignar que los concejales adoptaron inicialmente el enfoque de la administración de Carlos Gatica, incluso aquellos que dicen representar los intereses de los trabajadores, salvo en el Concejo de este martes en la localidad de Valle Simpson, donde declararon su posición favorable a los trabajadores, Ana María Navarrete, Yorka Cheuquian, Claudio Vidal y Fidel Pinilla.
“Los concejales actualmente no tienen ninguna oportunidad de poder reunirse para aprobar esto, porque ya está aprobado, está ordenado y lo único que hay que hacer es cumplirlo, pero el señor alcalde sigue dando pasos que son bastante en falso y demuestra que todo el periodo que lleva lamentablemente ha tenido una actitud que no es favorable a los trabajadores, porque la gente se da cuenta cuando hay una autoridad de parte de quién está, y si no es capaz de entender lo que son los derechos laborales. Le pediría que dedique un poco de tiempo a estudiarlo y a entender que esta causa tiene fundamentos, no como él piensa que no tiene ningún fundamento y que sería ilegal, tiene absolutamente fundamento, es una causa laboral y no de derecho administrativo como él siempre ha pensado”, acotó el jurista, especialista en causas laborales.
