*El escrito firmado por el fiscal regional Carlos Palma, a través de una serie de diligencias, intenta demostrar que la magistrada intercedió e intentó cambiar el curso de los hechos en el marco de una investigación por la ley 20.000 que sanciona el Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y que afecta a su hijastro.
“Con fecha 07 de julio de 2021 a eso de las 11:33 horas, y valiéndose de su cargo, ubicó el número de teléfono de la defensora penal pública recién llegada a la ciudad, Srta. S.Y. B., y le indicó que “su marido J.C. tiene un hijo que está preso y que es de una causa media emblemática para la fiscal, parece que es la más importante que ella cree que ha tenido, que es por tráfico, parece que te tocó a ti. M.M es el defensor”. Luego, agrega que su “marido quiere hablar contigo para ver si puede pedir una cautela de garantía. Te doy el número de mi marido, se llama J.C.O, ¿Cómo a qué hora puedes llamarlo?”, señala la querella de capítulos, que menciona, entre otras faltas, revelación de secreto y prevaricación y que es la acción jurídica que emprendió la Fiscalía de Coyhaique en contra de la jueza del Tribunal de Garantía, Cecilia Urbina Pinto.
La situación causó molestia en la defensora puesto que Urbina Pinto intentó obtener un trato preferencial en el servicio público entregado por la Defensoría.
La querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la eventual responsabilidad penal de jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones.
Las conductas y acciones estaban destinadas a favorecer a su hijastro, quien está siendo investigado por la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Según acusa la Fiscalía, Urbina Pinto se valía de su cargo para acceder a información reservada acerca de la investigación en contra del hijo de su pareja y además generar acciones para ponerlo al tanto de lo que ocurría, gracias “a las claves y privilegios para acceder a causas confidenciales o reservadas”.
Pero, junto con las llamadas telefónicas y el acceso preferencial a la causa, también colaboró activamente con el sujeto investigado. “Así podemos concluir inequívocamente que la asesoría de la Sra. Cecilia Eliana Urbina Pintofue vital para que en una fecha entre el 27 de enero de 2021 y antes del 3 de febrero del mismo año, J.J.C.O se haya enterado de que su hijo J.A.C.V. estaba siendo investigado por delitos de la Ley 20.000, y del mismo modo, estaba sujeto a la medida intrusiva consistente en la interceptación de sus comunicaciones, avisándole de dicha situación el día 3 de febrero de 2021, eliminándose el teléfono interceptado, tal como consta en los informes policiales incorporados en carpeta”, señala la querella.
Desde Fiscalía, junto con confirmar la acción judicial, solicitaron autorización a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique para proceder a formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares, a fin de continuar con el curso normal de la causa, siempre en el marco del Principio de Objetividad que rige el actuar de todas las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público en Aysén
