Tuesday, 23 March, 2021
*La administración de Nelson Opazo estima que solo se trata de “la política barata que se usa cuando las personas no tienen argumentos”.
Hace varios años que la polémica no se resuelve en Lago Verde, a raíz de las denuncias por presunta malversación de caudales públicos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, todas acusaciones en contra de la administración de Nelson Opazo.
En este sentido, esta semana se conocieron las últimas diligencias en torno al caso de supuestos dobles contratos a trabajadores que prestan servicios al municipio lagoverdino, fue así que los propios funcionarios reconocieron y confirmaron algunas aristas de la denuncia original, entre ellas la firma de un contrato adicional para obras que nunca ejecutaron. “Hay varias declaraciones de trabajadores que confirman que el alcalde les hizo firmar algunos contratos paralelos a las funciones que ellos realizaban, pero que en realidad jamás realizaron funciones en esos proyectos donde firmaron contratos, por lo tanto ellos continuaron realizando las labores que con habitualidad realizaban, ya sea trabajando en áreas verdes o propios de la mantención de los espacios públicos, peses a existir este contrato paralelo”, explicó Víctor Neira, abogado.
Según el jurista “el alcalde utiliza estos contratos falsos para efectos de la obtención de los recursos del Gobierno Regional”.
Los proyectos se habrían realizado, pero se desconoce la cifra real involucrada, los trabajadores que los hicieron y si son efectivos los costos con los cuales se financiaron esos proyectos, lo que da pie a pensar que podría configurarse el delito de fraude al fisco, “eventual, porque hay que determinar todavía a cuánto asciende el perjuicio fiscal. No obstante se configura el delito de falsificación de instrumento público, ya que son contratos que se hacen a través de la autoridad administrativa competente”, dijo Neira.
Más de una docena de trabajadores declararon que fueron contratados y prestaron servicios para estas iniciativas municipales, pero tampoco en los términos que referían los contratos, sino de forma parcial e “incluso los hicieron trabajar en proyectos paralelos y jamás recibieron dobles pagos”.
Y estos trabajadores –según Neira- pasan a ser víctimas del actuar de la Municipalidad lagoverdina “que seguramente se vieron implicados en esta situación, por el temor real a perder el trabajo”. Es decir, en esta situación de asimetría es imposible pensar en alguna capacidad de negociación con el alcalde Opazo.
Concejales por omisión
Los principales actores llamados a fiscalizar el actuar del alcalde son los concejales, sin embargo en esta situación no habrían cumplido esa labor para la cual están mandatados. “También se le tomó declaración a la concejala (…), quien señala que esta inacción por parte de los concejales en cuanto a sus obligaciones legales, de supervigilar la actuación del alcalde, porque tenían que hacerlo, porque además estas personas prestaban servicios al propio municipio. El argumento que da la única concejala que da declaración es el grado de confianza que existía con el alcalde”, acotó el abogado.
De esta manera se confirmarían acciones culposas o por omisión por parte de los concejales, “si los propios concejales, que son los llamados a vigilar la actuación del alcalde no ejercen sus funciones suceden cosas como estas, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, utilización de los trabajadores, coerción en contra de los mismos, que son personas de escasos recursos”.
Por ahora falta el análisis de información técnica, pericias contables, revisiones de las cuentas corrientes, “donde por parte del municipio no ha existido mucha colaboración, se entrevistaron a testigos encargados de la contabilidad y ellos aducen que hace cuatro o cinco años hacia atrás no hay registros de los gastos”, manifestó Víctor Neira.
Lenta Investigación e incidencia política
Los concejales tampoco han ayudado a la investigación y se han mantenido al margen, “pueden guardar silencio y no tienen la obligación de declarar, pero uno lo que espera de los funcionarios públicos si estiman que no tienen participación en los delitos por los cuales se querella a la colaboración respectiva. Nosotros ejercemos una acción penal y no política, por lo que nuestra función no es incidir políticamente en las elecciones o no de un alcalde, para eso están las personas e instancias respectivas. Mi función es actuar por la vía penal y no otra”.
Todavía no hay plazo para formalizar, aun cuando la investigación lleva varios años, el Ministerio Público está llamado a no intervenir en las elecciones, sin embargo dada la cantidad de años que lleva la investigación sin resultados se espera que la Fiscalía actúe. “Ese es el temor que tenemos en este periodo, que esto implique la inactividad total del Ministerio Público, esperamos que no sea así”.
También llama la atención la inacción del Consejo de Defensa del estado (CDE), “si ya hay atisbos evidentes y antecedentes serios de que se han falsificado documentos para la obtención de recursos del Gobierno Regional, lo pertinente sería que el CDE se haga parte de este proceso y querella”, remató el abogado Víctor Neira.
Nelson Opazo: “La política barata que se usa cuando las personas no tienen argumentos”
Los dardos de la querella apuntan al alcalde que va a la reelección, Nelson Opazo López, quien tiene claro quiénes están detrás de estas acciones. Para él todo se trataría de una vendetta política del ex alcalde Gaspar Aldea. “Hemos entregado toda la información y la conclusión es que no ha existido ningún tipo de delito. Este es un tema político de gente que no tiene ningún proyecto de cómo instalarse políticamente en el territorio y en base al gran trabajo que hemos hecho a nivel comunal en estos años, se traduce en un tremendo respaldo de la comunidad que lo palpamos en nuestros recorrido en estos días, es una consolidación del trabajo en estos años y lo que se busca con este tema es ensuciar eso. La política barata que se usa cuando las personas no tienen argumentos”, expresó.
El edil de la localidad del norte de la región, añadió además que “estas imputaciones se vienen haciendo desde el año 2015 y que en el fondo no tienen ningún asidero práctico, porque las iniciativas que se comentan están efectivamente ejecutadas. No existe desvío de recursos, las remuneraciones consagradas en los respectivos proyectos están ejecutados”.
Descartó cualquier delito de malversación de caudales públicos u otras contravenciones, “para mi es la política barata que busca ensuciar un trabajo noble y honesto, realizado por quien les habla y un tremendo equipo humano”.
Señaló que existe un candidato detrás de este tema, “pero para mí es darle vitrina a gente que no tienen ningún arraigo o conexión con el territorio no tiene mucho sentido. Estoy lejos de esta polémica artificial que se ha generado con el único fin de ensuciar el trabajo y obstaculizar, porque eso si se logra, el trabajo fluido del equipo humano que trabaja en el municipio para muchas iniciativas y se distrae personal”, precisó.
El municipio habría entregado un informe de más de 4500 páginas, a solicitud de la justicia, para demostrar que no existen irregularidades administrativas o delitos al interior de sus dependencias. “Lo que tenemos que sembrar en nuestras comunidades es integración, trabajo, productividad y unidad, no odio, ni divisiones porque tuvimos demasiado en la comuna y le hizo mucho daño”.
El alcalde Opazo López, aun cuando no señaló quien estaría detrás de estas acusaciones y denuncias de forma expresa, envió a través del abogado Sergio Guzmán, una serie de antecedentes jurídicos que dan cuenta del actuar del ex alcalde Gaspar Aldea, donde señalan que “su administración resultó desastrosa para las finanzas de la Municipalidad”, ya que fue condenado a pagar casi 100 millones de pesos en 2018.
También advierten a través de una minuta ejecutiva, que Aldea buscó todas las fórmulas posibles para no restituir ese dinero, e incluso habría traspasado sus bienes a su esposa, con quien más tarde se divorció. “El día 9 de diciembre de 2019 doña Verónica Ainol Levicoy (cónyuge del demandado) representada convencionalmente por el abogado Víctor Neira Durán interpone demanda de divorcio unilateral en contra de Gaspar Aldea Cadagán. Éste se allana a la demanda y además a modo de compensación económica le transfiere el dominio de los dos inmuebles inscritos a su nombre (ubicados en Villa Amengual, comuna de Lago Verde, y Puerto Aysén, comuna de Aysén). Cabe hacer presente que ambos aún residen en el mismo domicilio y que los testigos fueron dos hijas en común”, dice el escrito del abogado Guzmán Silva.
Además dejan entrever que los abogados de ambas partes son socios y que además habría un vínculo entre el abogado Víctor Neira y el candidato y también abogado, Luis Oyarzo. “Por su parte, Víctor Neira Durán antes de ser abogado era carabinero, lugar donde conoció a Luis Oyarzo Loncochino, otrora carabinero y hoy abogado, quien pretende presentarse como candidato a alcalde el 2021”, señalan los cercanos a Nelson Opazo, en una polémica que parece estar lejos de ser resuelta.
