Monday, 14 December, 2020
*La institución pública le arrendó con toda la inversión, incluyendo dependencias e instalaciones sanitarias. Ahora, Bienes Nacionales podría indemnizar a la vecina, mientras la empresa que mantiene causas judiciales en todo el país, aun no abandona el terreno.
Consejera Marcia Nahuelquín, entretanto, informó la delicada situación de vecinos en Melinka, que podrían ser desalojados.
Un fallo que podría marcar un precedente en materia de terminar con los abusos y la antojadiza interpretación de la ley en cuestiones de Bienes Nacionales, es la sentencia de la Corte Suprema del 10 de diciembre pasado, que acogió el recurso de protección de Eugenia del Carmen Maldonado, antigua pobladora de Caleta Tortel, quien hasta ahora no puede recuperar el terreno que arrendaba a Bienes Nacionales y que fue ocupado por la empresa ICAFAL, tras un contrato de arrendamiento que hizo la institución pública, luego de revocar unilateralmente el convenio previo que mantenía con Maldonado Ovando y donde esta última tiene una inversión superior a los 80 millones de pesos.
“Eso era como fango, compramos camiones, piedras e hicimos una bodega y luego la desarmé e hicimos una disco, como para turismo y comenzamos a construir con toda la implementación, con maquinaria, mesas, todo. Y el 2018 hicimos un convenio de colaboración, porque era para la comunidad, un convenio colaborativo y al final ni siquiera me notificó el seremi Gabriel Pérez que le arrendó a ICAFAL”. En otras palabras, de forma unilateral el Ex Seremi de BB.NN Gabriel Pérez, canceló el arriendo del terreno fiscal a Eugenia Maldonado e hizo un nuevo contrato con la empresa ICAFAL, pero conservó la millonaria inversión de la pobladora para la firma, que actualmente realiza el alcantarillado en la localidad.
“Les pasé para que tuvieran materiales y su oficina y ahora tienen de todo, hasta cocina y no les di autorización para eso. El Seremi Gabriel Pérez llegó y arrendó con todas mis cosas, con mi inversión, sin decirme nada. Es lamentable, todas mis cosas destruidas y eso era todo nuevo, hay mucho daño”, expresó la vecina de Caleta Tortel.
Maldonado explicó que “hice un documento con ICAFAL, pero no es un arriendo, sino un documento de mutua colaboración, no les arrendé, ni recibí plata tampoco, sino que ellos se comprometían a hacer el cierre perimetral, nada más”, señaló la pobladora que lleva casi 30 años en la pequeña localidad del sur de la región.
El contrato inicial suponía que Maldonado le pagaría 125 mil pesos mensuales a Bienes Nacionales por este arriendo, por un plazo de 5 años. “Ahora estoy esperando el desalojo de ICAFAL, el fallo de la Corte Suprema ya fue enviado a Bienes Nacionales”.
El Ministerio de Bienes Nacionales ha mantenido una conducta errática en la administración Piñera en Aysén. A los dos secretarios ministeriales desde 2018, se han sumado acciones que dejan dudas acerca de la justicia con la que opera. Los Seremi han sido removidos de sus cargos por polémicas razones y siempre tras un desencuentro con pobladores o vecinos. Así le pasó a Pérez, que si bien adujo razones personales, ya existía un fuerte cuestionamiento a su labor, tanto así que el Comité de Tierras de Tortel exigió su renuncia. Algo similar pasó con Alejandro Escobar, quien también mantuvo permanentes desencuentros con los tortelinos.
Eugenia Maldonado Ovando hizo acto de buena fe. Ella cedía momentáneamente el espacio para que la empresa ICAFAL mantuviera su maquinaria, mientras realizaba las obras de alcantarillado en Caleta Tortel, un anhelo emblemático y muy esperado por los habitantes de la comuna.
Para el Abogado Jaime Pereira Soto, representante de Eugenia Maldonado, “ella les dio permiso para que hicieran esas mejoras para que funcionara el proyecto de turismo que ella tenía en mente y la idea era que la empresa estuviera un año allí para hacer esas obras”.
Sin embargo, de forma casi inmediata, Bienes Nacionales le señaló que no podía ejecutar ese convenio de colaboración, lo cual dio inicio a un largo camino que concluye con el fallo de la Corte Suprema, que revoca los actos administrativos anteriores. “Él (Gabriel Pérez) a su antojo lo calificó como un arriendo y como estaba prohibido arrendar, el Seremi le señaló que tenía que sacar a su arrendatario en un mes o le terminaba el contrato. Ella le señaló que no había arrendado nada, sino que la idea era que la empresa ocupara el sitio por un tiempo”.
A pesar de las reuniones con la Intendenta, Consejeros Regionales y Contraloría, de todas maneras Gabriel Pérez materializó sus facultades y terminó el contrato, pero entretanto se lo arrendaba a ICAFAL. “Bienes Nacionales sin ningún respeto por las edificaciones que eran de la señora Maldonado, instalaciones de agua, luz, alcantarillado y los bienes inmobiliarios, mesas, sillas, calefont, vajilla. Todo eso se lo pasó a ICAFAL. Ante este atropello tan grande del derecho de arriendo y de propiedad sobre sus cosas que fue prácticamente un despojo, se interpuso un recurso de protección”.
Esta acción judicial en contra de Bienes Nacionales e ICAFAL fue rechazada en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, sin embargo “la Corte Suprema declaró admisible el recurso y tomó una decisión y revocó el fallo de la Corte de Apelaciones y ordenó dejar sin efecto el acto administrativo mediante el cual le ponía término al contrato de arriendo de la señora Eugenia Maldonado”, señaló Pereira Soto.
Y además se anula el arriendo de Bienes Nacionales a la empresa constructora. “Validó completamente el arriendo de la señora Maldonado y declaró nulo el arriendo de ICAFAL, en consecuencia, la empresa en este momento está en calidad de ocupante y prácticamente usurpador”, añadió el jurista.
Apropiación Indebida y perjuicio al erario fiscal
A raíz de la situación actual, Pereira Soto interpuso una querella por apropiación indebida en contra de ICAFAL, que fue acogida por el Tribunal de Cochrane y se ordenó una investigación en el acto, “incluso se está pidiendo hasta allanamiento, porque tienen que aparecer las cosas que se apropió ICAFAL”.
Cabe mencionar que la empresa tiene más de 20 juicios en todo el país, con demandas de particulares y de municipios por incumplimiento de contrato, “teniendo esta fama y curriculum bastante extenso de causas judiciales, nos llama la atención de que se le haya asignado un proyecto de esta envergadura”, comentó el abogado.
“La despojan de todo lo que tenía para favorecer a una empresa que en estos momentos está ilegal en el predio y además el Seremi de Bienes Nacionales comprometió la responsabilidad civil del estado y eso es muy serio, porque va a tener que indemnizar, por haber arrendado estas mejoras que eran propiedad de la señora Maldonado, sin antes pagar esas mejoras o dar la oportunidad de retirarlas una vez que haya terminado el contrato”.
El predio estaba destinado a turismo, sin embargo Pérez en un acto sin explicación lógica, lo arrienda para mantener materiales de la construcción, es una aplicación torcida de la ley, porque escondió la razón que terminó favoreciendo a ICAFAL “para un objeto distinto al contrato”.
De esta manera Pereira advirtió que pedirán “el desalojo inmediato de la empresa. Carabineros de Tortel tiene conocimiento de esta ilegalidad”, apuntó.
“En Melinka quieren desalojar a familias que llevan 70 años viviendo en el lugar”
La Consejera Regional, Marcia Nahuelquín Delgado (PC), junto con valorar el fallo a favor de la pobladora de Tortel, presionó para que pronto la cartera de Bienes Nacional cuente con un Seremi, tras la renuncia de Alejandro Escobar semanas atrás. “Hacemos un llamado al Gobierno a nombrar rápidamente un nuevo Seremi, porque hay que trabajar muchas temáticas. El Consejo regional ha solicitado un diagnóstico claro de los territorios que han sido entregados y de los predios fiscales que existen y si no hay autoridad es poco lo que se puede avanzar”.
Y agregó que “si bien se solucionó el tema de la señora Maldonado, sale algo mucho más grande que es la expropiación que quieren hacer con familias en la isla de Melinka, quienes deben tener una solución y ser acompañadas por este servicio”.
Igualmente, advirtió que existe un doble estándar en las decisiones que adopta el servicio. “Se vende territorio a extranjeros y multimillonarios, mientras se posterga a la gente de nuestra región y este fallo marca un precedente para quienes se sienten vulnerados, como lo que está ocurriendo en Melinka, donde hay un grupo de familias con más de 70 años de permanencia en el territorio y aparece un dueño que los quiere desalojar o venderle el territorio que siempre han habitado”, sentenció.
Hasta el cierre de esta nota de prensa, no obtuvimos respuesta de parte de la Seremi de Bienes Nacionales.
