Thursday, 29 October, 2020
Fue a través de la tabla ordinaria enviada a los consejeros regionales previo a las sesiones, que se conoció la intención del Gobierno de traspasar diez mil hectáreas a la Fundación Parque La Tapera, del grupo Luksic, una de las familias más ricas del país, a través de la figura de “concesión de uso oneroso de inmueble fiscal”. Se trata de un terreno ubicado en la comuna de Tortel, a 25 minutos de Campos de Hielo, solo a tres horas en motonieve.
Y aunque a primera hora de este jueves, el Ejecutivo habría solicitado retirar de tabla esta materia, que sería expuesta por el Seremi de Bienes Nacionales, la misma autoridad que hace semanas trató de “viejas de mierda” a las mujeres de Tortel, Alejandro Escobar, lo concreto es que nadie entiende bien cuál es la pretensión de entregar de forma gratuita tal cantidad de territorio aisenino, en un sector estratégico para la región, geopolíticamente trascendental para la conectividad con Magallanes y con enormes riquezas de agua dulce.
La entrega de terrenos fiscales del sur del país a pioneros a fines del siglo diecinueve y principios del veinte es una marca registrada en Aysén, que en algún momento se justificó porque era una manera de poblar las extensas zonas en el Chile que se extendía hacia el sur. Así se pobló la región en una primera instancia.
Más tarde los particulares poderosos fueron comprando tierras a estos mismos pioneros imposibilitados de trabajar esos extensos territorios, así estos nuevos propietarios se fueron quedando con cientos de miles de hectáreas en una de las zonas de mayor proyección del planeta, un despojo legal.
En Villa O’Higgins y Tortel hay varios terratenientes que, con la justificación del cuidado de flora y fauna, administran miles de hectáreas propias y otras entregadas en concesión o de forma onerosa, como es el caso.
De hecho los Luksic, a través de Las Margaritas, adquirió 35 mil hectáreas para la conservación de la flora y fauna, particularmente el huemul en O’Higgins. Habría que creerles.
No son pocos los particulares que con engaños o a través de la justicia, han logrado comprar a pioneros que van quedando cada vez más solos. El año 2019 fue el propio grupo Luksic que se vio envuelto en una polémica por la adquisición de 12 mil hectáreas a una familia de pioneros que se negaba a vender.
“Esto que afecta directamente a los habitantes del territorio. Es descabellada la actitud de Bienes Nacionales, que son prácticas que vienen hace muchos años, donde se entrega gratuitamente extensiones gigantescas de territorio a particulares, a gente adinerada, postergando el desarrollo de la gente y los campesinos y de quienes viven en los territorios”, dijo Marcia Nahuelquín, consejera regional (PC) y quien es reconocida en su rol de dirigente indígena y la defensa del territorio.
“Pretenden entregar a concesión 10 mil hectáreas a un particular que es uno de los ricos más grandes del país y de los que maneja Chile no lo podemos permitir. Como consejeros regionales debemos dar una señal fuerte, a propósito de lo que vivimos el domingo. La gente nos dio un mensaje claro tras el plebiscito, que quiere un cambio de Constitución precisamente para terminar con los abusos, con la entrega gratuita a los grandes poderes. Como consejeros regionales debemos rechazar esta solicitud, ya que lamentablemente perjudica rotundamente el desarrollo de los campesinos y el desarrollo de nuestra región, la empobrece”, añadió.
Cabe mencionar que el 2008 BBNN vendió la Isla Traiguen a un particular “44.600 hectáreas a un particular sin considerar a las familias que vivían en esa isla”, recordó Nahuelquín Delgado, parte de la comunidad huilliche que vive en la Isla Traiguén hace casi 60 años.
Silencio Administrativo
Retirar de tabla esta materia de concesión de este paño ubicado en el ventisquero Jorge Montt, deberá ser explicado por la Intendenta Geoconda Navarrete y si se trata de una estrategia para generar un “silencio administrativo”, que se traduce en que la decisión finalmente solo recae en el Ministerio de Bienes Nacionales, al no existir un pronunciamiento por parte del Consejo Regional de Aysén en 30 días, ya que la decisión del CORE no es vinculante.
“Se señala que el objetivo es conservación de flora y fauna en hábitat natural. Es importante mencionar que más allá de lo que opine el Consejo Regional, esta no tiene carácter vinculante, sino meramente consultivo, por lo que la potestad de acceder a esta solicitud es del propio Ministerio de Bienes Nacionales”, argumentó Andrea Macías, consejera regional (PS).
Mientras la Senadora Ximena Órdenes, también se mostró contraria a una medida que deja en evidencia el tratamiento distinto que existe entre una pequeña elite y el resto del pueblo. “Resulta incomprensible que el Gobierno quiera entregar una concesión de uso oneroso a la fundación Parque La Tapera, cuando en Tortel hay personas que llevan años tratando de tener sus títulos de dominio. Me gustaría saber si el Gobierno haría entrega de la misma cantidad de hectáreas a una agrupación tortelina”, señaló.
Por otra parte, hay que recordar que el grupo Luksic ha mantenido proyectos con un alto impacto medio ambiental. “Me llama la atención que un grupo económico que ha destrozado el país a través de la minería generando conflictos sociales en distintas zonas, aparezca con esta imagen de altruismo naturalista, cuando a través de sus acciones sabemos que no está en su naturaleza hacerlo”, indicó Macías.
Entretanto Bernardo López, alcalde de Tortel, en radio Santa María, junto con señalar que esta familia está desarrollando diversos proyectos en el sector, en terrenos adquiridos previamente por una corporación de derecho privado, precisó que “el mismo ministerio de Bienes Nacionales notificó a pobladores que viven en Tortel que hagan abandono del lugar que ocupaban como vivienda. Se contradice el mismo Ministerio, se le entregan terrenos a una corporación privada y de forma gratuita, para los fines que sean, a espaldas de la ciudadanía, sin consulta, sin información y por otra parte se tramita una enormidad a un ciudadano que habita la Patagonia para que le entreguen un mísero pedazo de roca en Tortel y se la venden a la gente en una millonada de plata”, manifestó.
Para López no existe el mismo trato por un servicio del estado, en este caso Bienes Nacionales, que administra el patrimonio fiscal de todos los chilenos. “Ellos ejercen sus derechos constitucionales con esta Constitución, por eso se votó el domingo pasado para que estas cosas no ocurran. Estas políticas están garantizadas en la actual constitución política”, puntualizó.
Cabe mencionar que Tortel fue una de las comunas en que la opción apruebo obtuvo una alta votación, cercana al 90%.
Lo más triste es que aunque todos: autoridades locales, pobladores y organizaciones sociales de todas las jerarquías se manifiesten en contra de una concesión de esta naturaleza, la decisión final solo depende del Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit.
Comité de Regularización de Tierras de Tortel
“La comunidad tortelina volvió a ser insultada esta semana, hace años que BBNN viene vulnerando derechos, discriminando, mintiendo e insultando”, dicen desde el Comité de Regularización de Tierras de Tortel.
Y agregan que “falta voluntad política” y denuncian “abandono” con los pobladores. “Se atiende con diligencia la solicitud del empresariado y al capital en oposición al trato que recibe el habitante real”, manifestaron.
Consultado el Seremi de Bienes Nacionales, Alejandro Escobar, informó que emitiría una nota de prensa durante la tarde de este jueves.
