Friday, 28 August, 2020
*Ante declaraciones de directora por presunta violencia física y sexual en familias de establecimiento.
Profusamente la rectora y sostenedora del Colegio El Camino de Coyhaique, María Francisca Cartes, levantó una campaña por medios de comunicación, donde señaló que al interior de algunos hogares, parte de su comunidad educativa, existía violencia física, sicológica y hasta presuntos abusos sexuales y que esa era razón suficiente para regresar a clases, ya que desde su punto de vista los niños y niñas estarían más protegidos en el entorno del establecimiento educacional.
Estas declaraciones, en sintonía con las del Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien señaló que “si los niños no vuelven a clases están en peligro de ser abusados sexualmente”, no cayeron bien en los padres, madres y apoderados, quienes este jueves entregaron una carta a la Superintendencia de Educación, con el fin de que esta entidad pública pueda conocer los detalles de estas declaraciones, y que a la vez, conozca de las denuncias realizadas por la rectora, entendiendo que si no lo hace y está en conocimiento de estas situaciones, es un delito.
“Si realmente hay niños que están siendo vulnerados en sus derechos, el establecimiento educacional está obligado a tomar las medidas para proteger y dar atención a estos menores, y no hemos recibido ninguna respuesta formal de las acciones que ha emprendido la sostenedora para poder salvaguardar los derechos de los niños”, dijo Héctor Caballero, de la directiva de padres, madres y apoderados.
En resumen no existen acciones concretas en torno a las denuncias que hizo públicas la rectora del Colegio El Camino. “Desde el Ministro que ha hablado cosas similares a las vertidas por la sostenedora del Colegio El Camino y obviamente como el Gobierno habla estas tonteras, hay gente que se toma de esto para seguir hablando tonteras, lo que no corresponde a profesionales de la educación”, añadió.
Y la mala fama, proyectada por la rectora hacia afuera del establecimiento, estigmatizó a su propia comunidad educativa, que tiene que soportar las preguntas de si es real o no la violencia física, sicológica y los abusos sexuales. “Es intolerable, inaceptable que se eche mano a cualquier dicho para poder justificar o presionar a los apoderados para una vuelta a clases”, dijo Claudio Parra, de la Coordinadora por la Educación de Aysén.
Y agregó que “nos parecen graves los dichos del Ministro de Educación y que una sostenedora, directora de un establecimiento educacional plantee esos dichos ante la comunidad regional, que fue una declaración pública y que se presentó a los medios. Tampoco corresponde que se generalice a los apoderados porque eso las ofende, porque las familias lo que han hecho es proteger a los niños y jóvenes y cuidar de ellos. Y hoy vemos que se sigue insistiendo con el retorno a clases y sólo hoy tenemos más 13 casos, que se suman a los 10 de los últimos días”, complementó Parra.
Mientras Edith Alarcón, presidenta de la directiva del Centro General de Padres, Madres y Apoderados, agregó que la entrega de esta carta responde a tiempos acotados, “como centros de padres tuvimos que hacerlo rápido y que no se sientan pasados a llevar los sub centros, porque teníamos que hacerlo ahora. Queremos que esto que pasó no se vuelva a repetir, si la directora va usar los protocolos del colegio, lo hagan, ahora no lo hicieron, y ojalá que eso se solucione”, sentenció.
