Monday, 10 August, 2020
*La mañana de este lunes, en el frontis de la intendencia Regional, leyeron una declaración y a su vez ingresaron carta y solicitaron audiencia con máxima autoridad regional, la Intendenta Geoconda Navarrete, para ser considerados en la toma de decisiones.
A continuación la declaración pública.
En Coyhaique, a 10 de agosto de 2020, la Coordinadora Social de Educación por Aysén, instancia de organización y participación ciudadana, viene a expresar públicamente su profundo total desacuerdo con la política de retorno a clases que está impulsando la actual administración de gobierno y que en la Región de Aysén se podría materializar según lo informado por el Seremi de Educación, Sergio Becerra, en que más de 6 establecimientos educacionales particulares subvencionados estarían solicitando el regreso a clases, iniciativa que no es consciente de la realidad que se vive en la región de Aysén. En virtud de lo anterior declaramos:
1. En la actualidad existen a lo menos 6 centros educativos que han solicitado su retorno presencial a clases, llevando a cabo la toma de decisiones de forma arbitraria y unilateral, sin considerar la opinión de los Padres/Madres y Apoderados/as, tal como lo establece la ley de funcionamiento de los “Consejos Escolares”.
2. En estos establecimientos, no se ha visibilizado en profundidad la situación socioemocional de los niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE), especialmente permanentes, que dadas sus características, muchas veces les impiden tener flexibilidad o adaptación a requerimientos propios de las medidas de autocuidado, por ejemplo, el uso prolongado de mascarillas, necesidades de alimentación especial, hidratación, movilidad, tolerancia a rutinas de higiene y productos utilizados para éstas, por mencionar algunas, ya que la diversidad en cada niño y niña es infinita. Frente a esto, padres, madres y apoderados/as de Agrupaciones TEAcompaño y Asperger Patagonia han sido enfáticos al señalar que se ven sobrepasados con la enorme preocupación por la seguridad de sus hijos(as) frente a un contagio. Extensiva, además, para las familias que integran un niño o niña en etapa escolar con NEE permanentes y enfermedades de base, que suelen ser recurrentes.
3. Conocemos como familias integrantes de las comunidades educativas, que nuestros escuelas, liceo y colegios de la región no cuentan con los espacios, medios ni insumos, tanto en infraestructura adecuada, como en cuidados preventivos para el diseño de un retorno a clases presencial, que evite contagios por covid-19. También conocemos el gran riesgo que implica la existencia de un número considerable de trabajadores de la educación (Profesores, Profesionales no docentes y Asistentes de la educación) que presentan enfermedades crónicas de base, en sus familiares directos y que con un retorno a clases presenciales se verán enfrentados al riesgo patente de un contagio en el desarrollo de sus labores.
4. Manifestamos nuestro repudio ante las expresiones vertidas por una sostenedora de la región quien ha empleado como argumentos, en una lógica de “todo vale”, aludiendo a violencia y abuso hacia los estudiantes en sus hogares. Ello es inaceptable, toda vez que las familias con mayor vulnerabilidad socio económica no son sinónimo de maltrato y vulneración de derechos en niños y niñas. Más aún, las recientes declaraciones del SEREMI de Educación, señor Sergio Becerra, en un programa de radio del pasado viernes 07 de agosto, no han puesto ningún atajo a estas afirmaciones, sino que las han refrendado. Esto, reiteramos enfáticamente, es inadmisible y solicitamos que desde la Intendencia Regional se oficie a las autoridades competentes para establecer la veracidad de las afirmaciones vertidas públicamente por la sostenedora, quien ha emitido sendas declaraciones al respecto y, se adopten las medidas administrativas correspondientes con el Secretario Regional Ministerial de Educación, toda vez que como autoridad no puede avalar dichos de este tipo para justificar la pretendida medida de retorno a clases.
5. Señalamos que la puesta en marcha del Establecimiento de Nivel Parvulario de Puerto Cisnes y, próximamente, en Coyhaique, en medio de una pandemia, un Jardín Infantil, que también se apresta para retomar formalmente sus actividades, nos causa gran preocupación e incertidumbre. A su vez nos demanda las interrogantes sobre fiscalización de protocolos, a transportes escolares, cantidad de personal para atención de párvulos, cantidad de párvulos asistiendo y sus rutinas no autónomas de higiene y alimentación, entre otros aspectos.
6. Estamos conscientes que existe un número considerable de niños y niñas que no han accedido a una atención escolar a distancia y para los que tampoco ha existido una estrategia para atender esta brecha de manera adecuada, desde la autoridad sectorial regional. Creemos que el Ministerio de Educación y a nivel local, desde las instituciones que correspondan, se deben disponer los recursos para que las comunidades educativas cuenten con las herramientas digitales que faciliten el acceso a todos(as) los(as) estudiantes, ya que la situación que nos encontramos viviendo, está determinando cambios muy profundos en el quehacer de los(as) educadores(as) y centros educacionales. El cambio digital, especialmente en el caso de educación, es definitivo y radical, por lo tanto, exige que se dispongan recursos para sortear esta brecha que en la región afecta a estudiantes y trabajadores de la educación. Conjuntamente, estamos ciertos que muchas familias no enviarán a sus hijos e hijas a clases presenciales, por el riesgo que ello conlleva ante la situación sanitaria actual y como Coordinadora Social de Educación, tenemos el convencimiento que intentar seducir a las familias y comunidades educativas a través de una mal llamada “invitación” para un “retorno seguro” solo acarreará más conflicto y rechazo de ellas hacia las medidas que se están adoptando, más aún, si no se considera el parecer de éstas, dejando al libre albedrío de los(as) sostenedores la decisión, intentando trasladar el conflicto al interior de las comunidades educativas, cuando en este momento lo fundamental es cuidar de ellas y estimular su fortalecimiento.
7. Observamos que también se ha señalado que el aumento de la deserción escolar constituye una preocupación para la autoridad y que está directamente ligada a la ausencia de clases presenciales. Pues bien, la presencialidad no es de por sí una garantía para frenar la deserción escolar, por el contrario, las cifras que se han venido dando desde hace más de una década y los estudios asociados a esta situación de larga data, revelan que las causas están asociadas a múltiples factores, entre ellos las situaciones de vulnerabilidad socio económica y la relación familia escuela, por lo tanto, es el momento para que el Estado de Chile y el Ministerio de Educación realicen el esfuerzo para afrontar las desigualdades que deben sortear miles de familias y estudiantes, desarrollando estrategias que hagan más partícipes y protagónicas a las comunidades educativas en la conducción de los centros
educativos en todos sus ámbitos. Es el Ministerio de Educación el llamado a generar un proceso que atienda la 2 deserción escolar en un sentido integral y no que ahora, esgrima este tema como un argumento falaz para intentar convencer a las familias para que envíen a sus hijos e hijas a clases presenciales.
8. Los niveles diarios de casos activos por COVID19 este último mes en nuestra región, nos dejan de manifiesto una tremenda incertidumbre sobre el óptimo funcionamiento de las barreras sanitarias, similar situación frente a la frecuencia en los vuelos y el cumplimiento de las cuarentenas de las personas que hacen ingreso, esto hace suponer que cada vez será más difícil establecer la claridad en el proceso de trazabilidad de los contagios en las diferentes ciudades y localidades de la región. Durante las últimas 72 horas se han producido nuevos casos de contagio y no existe un pronunciamiento oficial de la primera autoridad, ya que se sigue tratando de instalar una falsa normalidad con este plan de “Desconfinamiento” y la propuesta “paso a paso”, más que la preocupación de generar acciones de prevención, autocuidado, regulación del comercio, entre otros, para evitar se sigan elevando los niveles de contagio en nuestra región.
9. Hacemos enfático pronunciamiento: “No se debe volver a clases presenciales frente a las actuales condiciones sanitarias”, considerando también la realidad de nuestros/as establecimientos educacionales, la situación de cese de funciones, a contar de este próximo 14 de agosto, de más de 60 trabajadores(as) de la salud que fueron contratados para la contingencia, entre ellos médicos, enfermeras, administrativos, técnicos y auxiliares., dejando a la región de Aysén y nuestro única red asistencial en una situación de alta vulnerabilidad y extremo riesgo sanitario, pese a que en los últimos días los contagios han ido al alza.
10. Nos parece una gran irresponsabilidad exponer a nuestros/as niños y niñas, hijos/as de la región de Aysén, desconociendo además el parecer de las comunidades educativas y diversas autoridades electas de toda la región que se han pronunciado contrarias a este retorno a clases. Es deber de toda autoridad, en especial de Gobierno, velar, por la salud de la población, especialmente, de los niños, niñas y jóvenes.
11. Consideramos que los acontecimientos a nivel mundial, donde países como Alemania e Israel, entre otros, han debido enfrentar situaciones muy complejas de contagio a raíz del retorno a las aulas, nos deben hacer pensar que es preciso extremar medidas de seguridad y no presionar a las comunidades para que se retomen las actividades lectivas con el fin de “reactivar o poner en marcha la región”.
12. Solicitamos a las autoridades una proceso o instancia de participación ciudadana que nos permita dialogar, tanto a padres, madres, apoderados/as, estudiantes/as, docentes y asistentes de la educación, acerca de lo que opinan las comunidades educativas, visibilizando con datos fidedignos y concretos, a través de un proceso de consulta transparente y regulado, donde todos y todas, tengamos la posibilidad de manifestar nuestro parecer, ya que al excluir a la Comunidades Educativas se está vulnerando el derecho que ellas tienen de manifestar su opinión respecto a hechos tan relevantes como lo es definir si el retorno a retorno a clases presenciales en la actuales condiciones sanitarias es garantía de salud a para los niños, niñas y jóvenes de Aysén.
Coordinadora Social por la Educación de Aysén
