La Multigremial Nacional, que agrupa a grandes latifundistas, a través de una declaración de prensa, amenazó con “tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema”, en la macrozona sur del país, que comprende fundamentalmente Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Los empresarios se refieren a “la violencia que azota las zonas rurales del sur de Chile, así como también a algunas ciudades del país”. Advierten que “exigimos por última vez a todos los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- actuar en el menor plazo para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. De lo contrario, nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema”, amenazan.
Luego dicen que “el terrorismo existente no permite trabajar ni vivir en paz, atenta contra derechos humanos de ciudadanos indefensos y destruye progresivamente la democracia. Explosivos en infraestructura pública, quema de camiones -poniendo en grave riesgo la cadena de abastecimiento del país-, destrucción de escuelas y sedes sociales ocurren en absoluta impunidad, con un Estado ausente que no da garantías a sus ciudadanos”, aunque no sindican a grupos específicos, que bien podrían ser infiltrados o montajes de Carabineros, como los casos ocurridos en la Araucanía, ampliamente documentados, siendo famosas la Operación Huracán o la muerte de Camilo Catrillanca.
Es más, según investigación de Ciper Chile, la Asociación Para la Paz y la Reconciliación de la Araucania (APRA), parte de la Multigremial de La Araucanía, estaría tras los disturbios en la municipalidad de Curacautín y serían quienes estarían llamando al enfrentamiento con los mapuche, como grupos paramilitares, informes que estarían en manos de Carabineros desde el 2015.
Luego la Multigremial agrega que “los dirigentes emprendedores y trabajadores estamos por la paz y el diálogo, pero ningún proceso de este tipo puede llevarse a cabo con quienes ejercen la violencia, y ningún proceso de paz es válido si los argumentos exhibidos son las armas y el terror”, señala la declaración no especificando si se refieren al terrorismo de Estado, ejercido por Chile durante décadas contra el pueblo mapuche, o la defensa que realizan grupos de mapuche en el Wallmapu.
Sin embargo, intentando desmarcarse de cualquier interpretación odiosa, asumen que existirían grupos ajenos a los mapuche sembrando la violencia en el sector. “Pretender mezclar al pueblo mapuche con los grupos violentistas organizados es un acto repudiable. Como gremios conocemos de cerca a los integrantes del verdadero pueblo mapuche, ciudadanos pací?cos, trabajadores, amantes de la tierra, padres y madres de familia que ninguna relación tienen con la violencia”.
Sin embargo, más adelante parecieran defender también el actuar de las fuerzas policiales en el Wallmapu, que han sido severamente criticadas por organismos internacionales de Derechos Humanos. “Comprendiendo que se han cometido errores, valoramos la labor que a diario realizan nuestras policías sirviendo en las calles y zonas rurales de nuestro país, quienes son atacados con todo tipo de armas de grueso calibre y a plena luz del día, y lamentablemente no tienen instrucciones claras ni respaldo político para actuar”, señalan.
Una vez más, en su confusa declaración, parecen apuntar sus dardos a la investigación judicial, que en muchas ocasiones ha equivocado el camino culpando a mapuche inocentes. “Nuestro sistema penal está en jaque. El 1% de los atentados tienen imputado conocido. Hay una falla general en la inteligencia, capacidad investigativa y probatoria de ?scalías, así como excesivas garantías de los jueces. Sin responsables, pruebas claras y condenas, el trabajo es estéril. Pedimos suma urgencia para legislar en la actualización y mejoramiento del sistema investigativo y judicial”.
Y rematan con “nos preocupa que parlamentarios condenen la violencia por los medios de comunicación, lejos del conflicto, ausentes de esa realidad y sin legislar al respecto. Más inquietante es ver a senadores y diputados callar frente a estos actos ilegales y antidemocráticos, con un silencio cómplice que parece proteger a terroristas”, concluye la declaración que no se hace cargo de las reivindicaciones mapuche en la zona, derechos ancestrales, garantizados en el derecho internacional y los convenios firmados por Chile.
