DECLARACIÓN PÚBLICA COORDINADORA SOCIAL DE EDUCACIÓN POR AYSÉN

Ante los acontecimientos sociales que se han presentado a partir de octubre de 2019, junto con el desarrollo de la pandemia de Coronavirus que afecta al mundo, al país, a nuestra región y en especial a las distintas comunidades educativas, quienes nos encontramos directa o indirectamente ligados(as) al sistema educativo local, hemos decidido constituir una instancia de Coordinación Social de Educación.

La finalidad de esta Coordinadora Social de Educación, es establecer de manera progresiva y permanente, un espacio de articulación, reflexión y desarrollo de iniciativas socioeducativas que, desde la sociedad civil, como también desde los distintos territorios, apunten hacia una mejora sustancial de las condiciones del sistema educativo local y de sus actores, en especial, a partir del actual contexto social y de salud.

En dicho contexto, las Comunidades Educativas, desde Educación Parvularia hasta Educación Superior, vemos como se insiste desde el gobierno central en retomar las actividades en los centros educativos de manera gradual, primero, con un discurso que apuntó a una “Nueva Normalidad” y “Retorno Seguro” y hoy, llamando a un “Desconfinamiento”, en abierta contradicción con lo que distintos actores del sistema educativo regional, junto a lo expresado por organizaciones sociales y gremiales, entre ellas el Colegio Médico, Colegio de Profesores y autoridades comunales y parlamentarios(as), han insistentemente manifestado desde el mes de marzo respecto al especial cuidado de la salud de la población, vulnerabilidad de la región, condiciones de los sistemas escolar y de salud, como también en relación a las medidas que continúan siendo una prioridad para frenar el progresivo aumento de contagios COVID -19 que está en desarrollo, toda vez que a partir del mes de junio hemos visto un progresivo y sostenido aumento de ellos, lo que se ha sumado a la pérdida de trazabilidad y un contagio comunitario instalado, junto al drama social, económico y epidemiológico que han puesto en total evidencia las enormes desigualdades sociales y económicas existentes en nuestro país y de las que nuestra región no está ajena.

Los datos de la evolución de contagios, pacientes críticos, colapso de centros hospitalarios, fallecidos y la desesperación de miles de familias que en distintos puntos del país se han visto obligadas a organizarse para afrontar la cesantía y la pandemia, manifestando públicamente su descontento, especialmente en los sectores más populosos de las grandes ciudades, en procura de más atención y auxilio de las autoridades para sortear las grandes brechas socioeconómicas, dan cuenta de una situación nacional grave. En nuestra región, sabemos que distintas familias se están viendo atenazadas por el flagelo de la cesantía y ello está afectando a todas las comunidades educativas.

Por otra parte, autoridades nacionales a cargo del Ministerio de Salud y de Educación han expresado públicamente que es preciso que se retomen las clases de manera gradual, partiendo por los establecimientos escolares rurales y en particular en nuestra región, la que, por su excepcionalidad respecto al número de personas contagiadas y casos activos, según se ha dicho, estaría en condiciones de que los(as) estudiantes vuelvan a las aulas, lo que hoy se encuentra silenciosamente aparejado al proceso que han llamado “Desconfinamiento”. Cabe señalar que las medidas propuestas pueden implicar un aumento en el número de personas contagiadas, toda vez que replican de manera más sistematizada lo que hace dos meses atrás escuchábamos de las autoridades nacionales cuando se hablaba de la reapertura de centros comerciales y que era factible que la gente se pudiera reunir en lugares públicos a tomarse un café. Pues bien, los resultados de ello están a la vista.

En relación directa con la intención de generar una “nueva normalidad”, ahora bajo el nombre de “Desconfinamiento”, observamos con preocupación que, a partir del reinicio de las actividades lectivas presenciales en la Escuela Rural de Puerto Sánchez, se pretenda en el corto o mediano plazo poner en marcha en la región, el proceso de retorno gradual del que ha hablado el Ministro de Educación en distintos medios de comunicación social.

En dicho marco, vemos que, desde fines del mes de junio, veladamente desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación al parecer se le ha solicitado a los Sostenedores de Establecimientos Educacionales que las distintas Escuelas, Liceos y Colegios preparen “Planes de Retorno y Protocolos de actuación” para dicho escenario, lo que nos anticipa la puesta en escena que se quiere instalar en la región, es decir, efectuar un proceso cuasi experimental para evaluar el comportamiento del sistema educativo, particularmente escolar, en un contexto de pandemia, regulado por ciertas medidas restrictivas hacia el exterior y de mayor apertura al interior de la región, con un sistema hospitalario y de establecimientos educacionales que deberán afrontar este ensayo, sin las condiciones adecuadas para asegurar los Derechos Fundamentales de los Niños(as) y Jóvenes insertos en el Sistema Educativo. En este sentido, es preciso recordar que de manera equivoca e improvisada, se decretaron vacaciones de invierno en el mes de abril y que hoy en la región, estamos viviendo las semanas más crudas de dicha estación, con los altos índices característicos de enfermedades respiratorias y contaminación atmosférica que anualmente recrudecen entre la segunda quincena de julio y primera quincena de agosto, con estudiantes y docentes en teletrabajo.

En virtud de lo anterior declaramos que:

1.- Articularemos a través de esta instancia a las organizaciones de Centros de Apoderados(as), Centros de Estudiantes, Federaciones, Colegio de Profesores, Sindicatos y Gremios Docentes, Asociaciones de Asistentes de la Educación, Agrupaciones de funcionarios(as), etc., con el fin de analizar, proponer y desarrollar acciones que sean una respuesta coherente y coordinada de la sociedad civil organizada, respecto a las necesidades reales y urgentes del sistema educativo a nivel regional, ante las autoridades locales que representan al gobierno central en materia de Educación, es decir, Secretaría Regional Ministerial de Educación, Dirección Provincial de Educación de Coyhaique y Superintendencia Regional de Educación. De igual forma ante los Sostenedores de cada municipio e instituciones educativas, como también ante las autoridades de Intendencia, Gobierno Regional, Gobernaciones, Jefe de Plaza, Parlamentarios(as) y Ediles.

2.- Manifestamos nuestro rechazo a la posibilidad de un retorno gradual a clases. Pretender retomar las clases mientras no haya cesado por completo la pandemia de COVID-19, nada tiene que ver con focalizarse en el bienestar de nuestras comunidades educativas en el actual contexto de crisis socio sanitaria, tampoco con la experiencia de ser sujeto de derecho en la infancia mediante el ejercicio constante de disfrutar del aprendizaje participativo y su proceso creativo en un contexto seguro que mejore la calidad de vida de los(as) estudiantes y sus familias.

Por el contrario, en estas condiciones un retorno a las aulas puede pasar a constituirse en un factor de riesgo para la salud que redunde en experiencias de frustración, ansiedad y vulneración para nuestros niños(as) y adolescentes, poniendo en riesgo su salud física y mental, así también la de sus familias, exponiéndoles a trastornos de estrés agudo, trastornos ansiosos y depresivos, cuya complicación más grave lo constituye el suicidio infanto-juvenil, que en nuestra región ha alcanzado el último decenio, las tasas más altas a nivel nacional..

No existe aprendizaje sin equilibrio emocional, no existe equilibrio emocional cuando las comunidades educativas dan testimonio del miedo e inseguridad de ser contagiados y de la real posibilidad de que los(as) estudiantes, como portadores asintomáticos, sean vectores de contagio en cada familia.

Hoy hacemos un llamado al Ministerio de Educación y sus autoridades locales a focalizar sus esfuerzos no en el cumplimiento y desarrollo del Currículum, sino en el cuidado emocional y socio afectivo de los(as) estudiantes, desplegando iniciativas que atiendan la contención y acompañamiento de ellos(as), junto al insoslayable resguardo y atención de sus necesidades sanitarias, económicas y de alimentación.

Ante la propuesta de “Retorno seguro y gradual” y de “Desconfinamiento”, la respuesta de la Comunidad organizada respecto al sistema Educativo debe ser “LA PROTECCIÓN DE LOS(AS) ESTUDIANTES, TRABAJADORES(AS) DE LA EDUCACIÓN Y SUS FAMILIAS, ES LO PRIMERO”.

3.- Señalamos que, dadas las actuales condiciones de alta vulnerabilidad de nuestra región, en especial en el sistema de salud, con hospitales de mediana y baja complejidad, aislamiento, una red de 34 postas rurales, sin contar todas ellas con el apoyo de recursos humanos para los relevos, debiendo afrontar casos sospechosos o contagios de COVID -19 y, así mismo, las enfermedades estacionales (invierno), teniendo presente el bajo número de camas críticas y de ventiladores mecánicos, es muy riesgoso que el Ministerio de Educación considere la posibilidad de un retorno gradual a clases solo tomando en cuenta el número de casos activos de Coronavirus en la región.

En dicho marco, reafirmamos que es vital, por el cuidado de las comunidades educativas ante el progresivo deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchas de ellas, fenómeno que cada día se hace más patente en la región, a partir de la organización de Cooperativas de canastas familiares, ollas comunes y bar lácteos, en distintos territorios, que es preciso se contemple una inyección de recursos de emergencia, como también, una profunda reorientación de éstos desde los Ministerios de Hacienda y Educación en relación a la Ley de presupuesto 2021, como también respecto a los recursos de que disponga el Gobierno Regional, focalizando los esfuerzos en la atención de las necesidades más urgentes de los establecimientos educacionales que reciben financiamiento del Estado. En este sentido creemos que las autoridades locales del Gobierno Central, como también, Parlamentarios, Consejeros Regionales y todas las autoridades electas en la región, deben afrontar este desafío de Educación y salud.

4.- Valoramos que las autoridades correspondientes hayan finalmente establecido un “Cordón Sanitario” más estricto, demanda social que fuera planteada por la Coordinadora Social de Salud de la región en el mes de mayo a las autoridades, Intendenta, Jefe de Plaza y SEREMI de Salud.

Sin embargo, manifestamos nuestro desacuerdo con que se haya decretado desde el Gobierno Central un proceso llamado de “Desconfinamiento”, sin consultar su parecer a la ciudadanía de la región y a las autoridades electas de ella, dejando en evidencia un centralismo en la toma de decisiones que no se condice con la democracia y participación de las comunidades. En este sentido, apoyamos el petitorio de 8 puntos presentado por la Coordinadora Social de Salud por Aysén con quienes estableceremos una estrecha articulación para hacer valer los planteamientos y necesidades de la región en Educación y Salud.

5.- Estimamos que si se preparan Planes de Retorno y Protocolos de Seguridad para recibir a los(as) estudiantes, es preciso que primero, cada Comunidad Educativa analice y discierna respecto a la pertinencia del retorno y si existe consenso en relación a ello. Que en el proceso de preparación de estos Planes y Protocolos sean integrados en cada Comunidad Educativa todos(as) los(as) representantes de los distintos actores de cada Comunidad y expertos en la materia. En ese mismo sentido es necesario que los Consejos Escolares analicen con detenimiento el estado y necesidades que presentan los establecimientos educacionales antes de planificar un futuro retorno a las aulas, toda vez que el COVID – 19 no esté presente como amenaza. Ello requerirá de una reorganización en diversos ámbitos (recursos, sanitización permanente, contención socio afectiva, priorización curricular, redefinición de espacios, jornadas y horarios, etc.). El desafío es enorme y requiere recursos que hoy no están.