Tuesday, 07 July, 2020
La situación de las cárceles chilenas ha sido siempre precaria: hacinamiento, disturbios, falta de controles, y un sistema carcelario que nunca ha dado el ancho, lo que además se cruza con leyes que se centran en el delincuente común, pero que entrega manga ancha a los ladrones de cuello y corbata, sumado a los hechos de corrupción que nos sorprenden de vez en cuando.
En este escenario poco alentador, la pandemia sorprendió a un sistema colapsado de antemano y que con la aparición del coronavirus develó con más fuerza el precario modelo institucional.
Como una forma de descongestionar las cárceles del país, el Gobierno anunció la ley de indulto conmutativo, normativa que en teoría permite a unos 1500 presos cumplir su condena con arresto domiciliario total.
Sin embargo, desde el Observatorio Social Penitenciario (OSP), organismo no gubernamental que se financia a través de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, sin recursos del Estado, aseguran que esta ley no cumple su objetivo. “Lo que no se dice es que cerca de 900 de esos que van a salir, no están dentro de la cárcel las 24 horas”, precisa Galo Muñoz Veloso, director ejecutivo del Observatorio Social Penitenciario.
Hay quienes están condenados a reclusión nocturna, “pero para el sistema están privados de libertad, pero para los presos estás en la calle”, agrega.
En este sentido el OSP, recogiendo la opinión de la población penal, propone cuatro medidas efectivas para descongestionar las cárceles chilenas, entendiendo que en muchas de ellas los brotes de Covid 19 han infectado a gran parte de sus internos, cuestión que hasta ahora no ocurre en Aysén, aun cuando al menos dos funcionarios de Gendarmería de la cárcel de Puerto Aysén, dieron positivo para coronavirus hace unas semanas.
Cuatro medidas concretas
1.- Que se aplique la libertad condicional como corresponde, es decir, según informa Galo Muñoz la ley sufrió dos modificaciones en los últimos años, una en 2016 en lo que se conoció como la agenda corta anti delincuencia, que para los delitos de robo significaban hasta ese año la mitad del tiempo, en otras palabras, si la persona tenía como condena diez años, postulaba a cinco, pero que en ese acto se elevó a dos tercios. “Los internos reclaman que se les cambiaron las reglas del juego, cuando estaban cumpliendo condena con una fórmula y se las cambian a otra, postergando el derecho a la libertad condicional y además informes de medición que marcan poco puntaje de criminalidad para violadores de derechos humanos y pederastas, o sea, el Estado de Chile sigue encarcelando pobres”.
En este sentido el OSP señala que de acuerdo a cifras que manejan el 91% de los libertos condicionales “no vuelve a la cárcel”, según registros de los últimos 12 años.
2.- Ley meses por año o Ley 19.856
Esta norma precisa que cuando el interno avanza en su cumplimiento de condena y tiene buen comportamiento se reduce en dos o tres meses por año.
Los presos llevan 4 meses sin ver sus visitas y “ahora están muchos más confinados, apretados y vulnerables, tras la pandemia, no conocen cómo están sus familiares, porque sólo se les acepta usar teléfono en horarios de visitas y no en todos lados”, señala Galo Muñoz.
Esto podría significar que muchos caigan en mala conducta y perderían el abono por buen comportamiento, por eso esperan que se haga efectiva la garantía que la ley establece ahora.
3.- El perdón de un año
Según lo que conoce el OSP, hay mucha población penal a la que le falta menos de un año para cumplir condena. Para ellos estos casos deberían ser puestos en libertad, de tal modo de descomprimir las cárceles que en Chile superan los 42 mil presos.
“A mucha gente le falta menos de un año para irse todavía está preso, pero sabemos que esto es un negocio, porque las cárceles concesionadas se pagan, porque los traslados son de estatales como Coyhaique a Puerto Montt o Valdivia, ambas concesionadas privadas”, acusa Galo Muñoz, dejando entrever que el negocio es mantener a las personas presas por más tiempo.
4.-
La última sugerencia es que aquellas personas que lleven más de 20 años de presido puedan ser liberados. “Que los presos sociales (comunes, excepto de lesa humanidad) que lleven más de 20 años privados de libertad, se les otorgue su término de condena”.
Por otra parte, Galo Muñoz sostiene que existen actos de corrupción dentro de las cárceles chilenas, en las que gendarmes “no quieren perder el segundo sueldo por ingreso de celulares”, entre otras irregularidades, y que esto conspira para que todo el sistema esté en entredicho. “A los presos sólo puede entrar el covid desde los funcionarios, que trabajan 7 por 7, no quisieron veinte por veinte. En Aysén como tienen tantos funcionarios se produce un problema de salud pública, porque el funcionario contamina al preso y su familia. En Aysén tienen sobrepoblación de funcionarios, no de presos”.
Cuenta también que a la cárcel de Rancagua “llegaron 99 de Santiago 1, 86 positivos y un obispo evangélico que tenía chipe libre contagió a otro módulo de 40, 38 marcaron positivos”, analiza para dar cuenta del peligro de contagios que hay dentro de los penales y lo fácil que se propaga, ante la ausencia de espacios y protocolos efectivos.
El OSP solicita la información por transparencia, la que es entregada con un mes y medio de desfase, según los tiempos que la ley 20.285 establece. Asimismo y de acuerdo la información que manejan, no todas las cárceles tendrían elementos de protección personal, como quedó de manifiesto en Valparaíso, a través del Colegio Médico.
Por último pasa un dato a los ayseninos, al señalar que “allá están los funcionarios sumariados por el motín de febrero de 2017 de Colina 2 y gendarmes del incendio de la cárcel de San Miguel”, concluye el director ejecutivo del Observatorio Social Penitenciario.
