Friday, 13 December, 2019
Isabel Garrido, Socióloga, militante Convergencia Social
Esta columna es parte de una serie de publicaciones que nacen de una reflexión, personal y colectiva, en torno a cuáles son las oportunidades reales que abre el llamado “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”. Si en un escrito anterior se discutieron los límites que impone el quórum de 2/3 en la Asamblea/Convención/Congreso Constituyente, hoy el tema será la importancia que tiene aplicar mecanismos de corrección democrática en la elección de representantes al órgano redactor de la nueva constitución, que aseguren una expresión lo más fiel posible de la sociedad chilena actual.
Partamos por el inicio. Asumimos que las personas elaboramos nuestra visión de la realidad a partir de las experiencias que vivimos. Si bien nuestra historia jamás determina quiénes somos, sí puede influenciar fuertemente nuestras expectativas y creencias respecto a qué es lo que consideramos justo o injusto, correcto o inadecuado, etc. Así, es muy factible que una campesina de origen Mapuche oriunda de la Región de Aysén, tenga muchos más ideales en común con otra persona en situación similar, que con un corredor de bolsa habitante del sector oriente de Santiago.
Siguiendo lo anterior, distintos autores señalan que una constitución política es expresión de los intereses y necesidades de las fuerzas vivas que existen realmente en una sociedad determinada. Según esta definición, los actores sociales buscarán dejar plasmada su visión de la realidad en el texto constitucional, visión que a veces generará consensos transversales, pero otras veces no. Como el ejemplo entre la campesina y el corredor de bolsa. Es decir, la constitución política es también expresiva de una pugna de intereses a veces divergentes; es mucho más que un consenso generalizado en torno a cómo organizar la sociedad, como a veces se presenta con idealismo.
Nuestra actual Carta Magna es muy representativa de lo anterior. Bastante se ha repetido que fue redactada en medio de una dictadura por un panel de expertos elegidos por el dictador debido a su cercanía política con el régimen, su adhesión al conservadurismo religioso, y al modelo neoliberal que entonces se empezaba instalar en nuestro país. Evidentemente, era un grupo muy poco representativo de la complejidad de la sociedad chilena de la época, pues toda la oposición política estaba siendo víctima del terrorismo de Estado y fue excluida del proceso. ¿Quiénes lideraban la oposición política entonces? Sectores organizados de trabajadores y trabajadoras, agrupaciones vecinales y campesinas, estudiantes, entre otros: todos actores ausentes de la redacción constitucional, que no pudieron plasmar visión del mundo en la carta fundamental. Sólo así se explican aberraciones como las AFP, o el Código de Aguas: en democracia, con oposición política organizada, hubiese sido imposible legalizar semejantes dispositivos de despojo institucionalizado.
Esta definición tiene importantes implicancias en la manera como entendemos el proceso actual, pues hace evidente que el resultado del texto constitucional dependerá de quiénes son los actores sociales que participan real y efectivamente de su redacción. Por lo tanto, la discusión en torno a los escaños reservados, la participación de independientes y menores de 18, es mucho más que un problema simbólico que afectaría la legitimidad de la nueva constitución: es fundamental para asegurar que su contenido represente genuinamente la experiencia de vida de toda la sociedad chilena.
Tal como está redactado el acuerdo al día de hoy, la elección de delegados y delegadas sería “con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente” (punto 4 del acuerdo). Ello significa que no está considerada la participación de menores de 18 años (sectores que protagonistas de la protesta), ni escaños reservados para pueblos originarios. La participación de independientes es también cercana a lo imposible, pues se requiere obtener una enorme cantidad de firmas para validar una candidatura, y además se exigen proporcionalmente muchísimos más votos para obtener la elección, en comparación a quienes se postulan por medio de partidos políticos. Finalmente, sólo se aseguraría una representación de en torno a un 23% de mujeres en el órgano constituyente, que es lo que la nueva Ley de Cuotas permitió alcanzar en las elecciones anteriores. Todas estas son opciones que el Gobierno, tensionado especialmente por la UDI, han rechazado de plano.
Cabe aclarar que, aún si se eligen el 100% de representantes del órgano redactor de la nueva constitución, si no se introducen mecanismos correctivos que aseguren mayor representatividad, es muy probable que su composición social y política sería casi idéntica al actual parlamento: prácticamente todos militantes, con abrumadora mayoría de varones, egresados de colegios privados y católicos, profesionales, y egresados de principalmente dos universidades de élite (U. de Chile y Católica). Serán los mismos actores que definirán el futuro de Chile, con sus expectativas y visiones de mundo que también serán las mismas de siempre. Ello, en contraposición a la realidad chilena actual: 2% de la población milita en algún partido y el 51% somos mujeres; sólo el 7% estudia en establecimientos privados, y el 80% de adultos no tiene estudios profesionales. Sólo por poner algunos ejemplos.
En síntesis, sería equivalente a elegir un “Congreso 2.0” para redactar una nueva constitución. El PNUD, en su informe del año 2015 titulado “Mecanismos de cambio constitucional en el mundo”, señala que esta opción equivale a optar por un “Congreso Constituyente”, no una Convención -como se impuso en el Acuerdo-, mucho menos una Asamblea Constituyente, que es la demanda popular mayoritaria. En otras palabras, si no se aplican medidas correctivas de elección, en la papeleta de abril nos encontraremos con 2 opciones casi idénticas: “Congreso Constituyente”, o “Congreso Constituyente 2.0”. Así de grande es el costo de no introducir mecanismos correctivos que aseguren mayor representatividad en la elección de delegados y delegadas.
