Patricio Segura Ortiz<\/p>\n\n\n\n
Hace unas semanas, la Sociedad Nacional de Miner\u00eda (SONAMI) recurri\u00f3 al Segundo Tribunal Ambiental<\/a> (con sede en Santiago) con el fin de invalidar la creaci\u00f3n del Parque Nacional Desierto Florido, en la regi\u00f3n de Atacama. El argumento: expropiaci\u00f3n regulatoria.<\/p>\n\n\n\n El parque, creado el 12 de junio de 2023 por el Ministerio de Bienes Nacionales mediante el Decreto 12, busca proteger el \u201cecosistema matorral des\u00e9rtico mediterr\u00e1neo interior de Skykanthus acutus y Atriplex deserticola, donde se manifiesta de manera epis\u00f3dica el fen\u00f3meno del desierto florido de una singular importancia flor\u00edstica y atractivo tur\u00edstico, que genera un espacio propicio para la investigaci\u00f3n cient\u00edfica, la educaci\u00f3n ambiental y el desarrollo de actividades reguladas de visitaci\u00f3n tur\u00edstica<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n El acto administrativo fue visado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica el 2 de junio. Hace m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Entre sus descargos, la SONAMI mencion\u00f3 que \u201cel proceso de creaci\u00f3n del parque no se hizo con participaci\u00f3n ciudadana, por lo que no permiti\u00f3 que los propietarios de concesiones dieran su opini\u00f3n<\/em>\u201d. Para sustentar su planteamiento, se inform\u00f3 que el \u00e1rea protegida se superpondr\u00eda a 376 concesiones mineras. <\/p>\n\n\n\n Agreg\u00f3 que la delimitaci\u00f3n<\/a> \u201cgenera un efecto directo sobre zonas con vocaci\u00f3n minera, sin una debida justificaci\u00f3n ambiental ni un an\u00e1lisis de impactos sobre los derechos preexistentes<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n La controversia no es nueva. La disputa entre miner\u00eda (junto a diversas otrs actividades productivas de alto impacto) y la protecci\u00f3n de ecosistemas \u00fanicos (e incluso formas de vida tradicionales), es una constante. Es m\u00e1s, se podr\u00eda decir tambi\u00e9n que un eterno.<\/p>\n\n\n\n Lo sabemos en Ays\u00e9n con las actuales<\/a> 312 concesiones salmoneras en la reserva nacional Las Guaitecas, 4 en el parque nacional Isla Magdalena y 2 en el parque nacional Laguna San Rafael. Donde cualquier tipo de acci\u00f3n en pos de viabilizar el objetivo para el cual fueron creadas, es torpedeado por la industria del salm\u00f3n<\/a>, a pesar de que es reconocido este sector como la principal amenaza a estas \u00e1reas protegidas<\/a>. <\/p>\n\n\n\n Extra\u00f1o es que la SONAMI hable de expropiaci\u00f3n regulatoria. Considerando que si hay un sector que expropia subsuelo p\u00fablico y privado mediante enrevesados procedimientos administrativos y legales es la miner\u00eda. Algo parecido a lo que ocurre con el sistema de derechos de aguas. Y con el de concesiones acu\u00edcolas.<\/p>\n\n\n\n En todos estos casos, quienes solicitan concesiones lo hacen sin importar la propiedad de los elementos naturales asociados: terrenos colindantes en el caso del agua, suelo en el caso de la miner\u00eda de subsuelo, mar que es bien nacional de uso p\u00fablico en el de las salmoneras. Y los requirentes pueden ser particulares, sociedades o empresas, dando lo mismo que sean controladas por capitales extranjeros.<\/p>\n\n\n\n Un ejemplo claro es la ofensiva de la minera Newmont en la regi\u00f3n de Ays\u00e9n. La principal corporaci\u00f3n de explotaci\u00f3n de oro del mundo.<\/p>\n\n\n\n Un art\u00edculo de 2019 publicado en Interferencia daba cuenta de las m\u00e1s de 50 mil hect\u00e1reas de concesiones mineras<\/a> de esta empresa al norte de Coyhaique. \u201cLos terrenos inscritos por la compa\u00f1\u00eda norteamericana se ubican cerca de la frontera con Argentina, una zona que se caracteriza por bosques de lenga y \u00f1ire. Adem\u00e1s, en muchas de estas \u00e1reas existe presencia de patrimonio arqueol\u00f3gico y paleontol\u00f3gico<\/em>\u201d consignaba la cr\u00f3nica. Y alertaba sobre el prontuario ambiental de Newmont: en Guatemala, en 2009, un hombre fue quemado vivo por trabajadores de la empresa; en Per\u00fa enfrent\u00f3 un conflicto \u201cluego de que en junio de 2000 se derramaran 150 litros de mercurio en la mina Yanacocha, en la zona de Cajamarca<\/em>\u201d. Y as\u00ed, se consignan problemas tambi\u00e9n en Honduras y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Es en este contexto que, desde hace un tiempo, en la comuna de Lago Verde la empresa est\u00e1 realizando obras viales para viabilizar sus exploraciones en el sector del Cerro Aguja. La iniciativa ha sido incluida en la cartera de proyectos que revisa el Gabinete pro Crecimiento y Pro Empleo de la regi\u00f3n. Y desde hace varios a\u00f1os, la secretar\u00eda regional ministerial de Bienes Nacionales mantiene contratos de arriendo con la empresa, con el mismo objetivo. Incluso, el renunciado seremi de Miner\u00eda incluy\u00f3 a representantes<\/a> de la compa\u00f1\u00eda en la Mesa Regional de Miner\u00eda y Geolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Que las autoridades de este gobierno tengan pleno conocimiento sobre lo que realiza y busca una empresa con estas credenciales no ser\u00eda problema si no fuera porque en la comunidad directamente afectada (a favor y en contra) casi no existe informaci\u00f3n sobre este tipo de faenas y objetivos. Lo sabemos porque concejales (\u00a1concejales!) han recurrido a nosotros para solicitar informaci\u00f3n que se les ha negado por distintas v\u00edas. <\/p>\n\n\n\n Entonces, cuando desde SONAMI (y otros sectores) se habla de expropiaci\u00f3n regulatoria porque se busca constituir un parque nacional, \u00bfc\u00f3mo se llama a lo que la miner\u00eda, la industria del salm\u00f3n y la energ\u00eda hacen todos los d\u00edas? <\/p>\n\n\n\n