Imputados fueron recontratados a honorarios entre enero del a\u00f1o 2012 y julio del 2017. Adem\u00e1s, hay otros 3 familiares que tampoco efectuaban las funciones por las que recib\u00edan un sueldo estatal.<\/p>\n\n\n\n
En total, la Fiscal\u00eda investiga a 122 personas, todas en retiro. Otros 700 oficiales y suboficiales son investigados, desde octubre del a\u00f1o pasado y tras resoluci\u00f3n de la Corte Suprema, por el Segundo Juzgado Militar de Santiago.<\/p>\n\n\n\n
39 funcionarios en retiro del Ej\u00e9rcito reintegrados a honorarios entre el a\u00f1o 2012 y 2017 y 3 familiares tambi\u00e9n contratados bajo la misma modalidad, ser\u00e1n formalizados por la Fiscal\u00eda Regional de Ays\u00e9n por el delito de fraude al fisco, luego de un minuciosa investigaci\u00f3n encabezada por el Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra y una Fuerza de Tarea integrada por detectives de las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales BIPE y Cibercrimen de la PDI, sumado a la Unidad de An\u00e1lisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI y la Unidad de Asesor\u00eda Jur\u00eddica del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Todos los imputados fueron contratados para prestar servicios en la IV Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito de Chile, trabajos que nunca realizaron. Seg\u00fan explic\u00f3 el Fiscal Regional, Carlos Palma, las contrataciones se efectuaban con fondos del Estado, para saldar la deuda tras el cierre del denominado Fondo de Ayuda Mutua, FAM.<\/p>\n\n\n\n
En los 39 casos a honorarios, los montos comprometidos oscilan -en cada involucrado- entre los 329.549 mil pesos a 11.437.030 pesos por persona. En el caso de los 3 familiares, que supuestamente prestaban asesor\u00edas en materias de computaci\u00f3n, administraci\u00f3n y documentaci\u00f3n, los dineros defraudados var\u00edan entre los 3.494.268 pesos a 9.757.764 pesos por cada uno.<\/p>\n\n\n\n
El total comprometido en estos casos, supera los 164 millones de pesos. Las diligencias, respecto de otras 80 personas -todos en retiro-, contin\u00faan por parte del Fiscal Palma y la Unidad de An\u00e1lisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, a cargo del fiscal Jefe, Luis Gonz\u00e1lez Aracena y la Fuerza de Tarea Ays\u00e9n de la PDI.<\/p>\n\n\n\n
PERSONAL ACTIVO<\/strong><\/p>\n\n\n\n En octubre del pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, resolvi\u00f3 que el Segundo Juzgado Militar de Santiago era competente para conocer de los hechos investigados en la denominada causa FAM, la cual fue tramitada desde el 2018 por la Fiscal\u00eda Regional de Ays\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n La determinaci\u00f3n, involucr\u00f3 a todos aquellos imputados en servicio activo, es decir cerca de 700 oficiales y suboficiales de distinto rango.<\/p>\n\n\n\n Tras esta resoluci\u00f3n del m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds, la causa respecto de los oficiales y suboficiales en servicio activo, fue remitida al Segundo Juzgado Militar para continuar su tramitaci\u00f3n por parte de la Ministra en Visita Extraordinaria, Romy Rutherford Parentti.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo a las primeras estimaciones efectuadas en su momento, durante las diligencias de la Fiscal\u00eda y PDI, los montos involucrados superar\u00edan en total los 2.900 millones de pesos en este caso de fraude al fisco y con m\u00e1s de 822 involucrados.<\/p>\n\n\n\n CONTEXTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n a cargo de la Fiscal\u00eda Regional de Ays\u00e9n se origin\u00f3 luego de antecedentes derivados por la Contralor\u00eda el a\u00f1o 2018.<\/p>\n\n\n\n Como contexto, cabe precisar que desde el a\u00f1o 1950 se desarroll\u00f3 en la IV Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito de Chile un sistema de ayuda rec\u00edproca, a trav\u00e9s del cual sus integrantes recibir\u00edan una cantidad de dinero al producirse alguna nueva destinaci\u00f3n, retiro o baja, con dineros que eran recolectados del restante personal a trav\u00e9s de descuentos por planilla.<\/p>\n\n\n\n A dicho sistema se le denomin\u00f3 \u201cFondo de Ayuda Mutua\u201d o \u201cFAM\u201d y se extendi\u00f3 hasta el a\u00f1o 2006, donde se decret\u00f3 su cierre definitivo por desfinanciamiento.<\/p>\n\n\n\n En el a\u00f1o 2008, el Alto Mando del Ej\u00e9rcito orden\u00f3 que se adoptaran medidas paliativas en los distintos niveles para los integrantes del Fondo de Ayuda Mutua afectados por el cierre, pese al pronunciamiento efectuado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, que resolvi\u00f3 que el conflicto era un asunto entre particulares y los propios dict\u00e1menes de los Tribunales de Justicia, donde se declar\u00f3 el car\u00e1cter particular de las deudas contra\u00eddas por el Fondo de Ayuda Mutua, sin responsabilidad del Estado.<\/p>\n\n\n\n De esta forma, la Direcci\u00f3n de Personal y posteriormente el Comando de Personal del Ej\u00e9rcito, ide\u00f3, dise\u00f1\u00f3 e implement\u00f3 una serie de medidas para resarcir los dineros adeudados a los socios del extinto FAM.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, se incluyeron comisiones de servicio y pago de vi\u00e1ticos, despachos anticipados, extensi\u00f3n cese de sueldos, beneficios econ\u00f3micos, becas de estudios, entre otras. Asimismo, se utiliz\u00f3 dentro de estas medidas la contrataci\u00f3n de personal a honorarios y a contrata.<\/p>\n\n\n\n Bajo esta \u00faltima modalidad se vieron beneficiadas las y los primeros 42 imputados de esta investigaci\u00f3n que ser\u00e1n formalizados, quienes consintieron en defraudar al Estado al percibir ingresos por servicios que nunca se prestaron o eran innecesarios y solo obedec\u00edan al pago con dineros fiscales de sus respectivas deudas particulares contra\u00eddas con el extinto Fondo de Ayuda Mutua, FAM.<\/p>\n\n\n\n Luego de esta solicitud de formalizaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda, el Juzgado de Garant\u00eda de Coyhaique fijar\u00e1 el d\u00eda y hora para la audiencia de formalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las penas para el delito de fraude del Fisco, dependiendo los montos y reiteraci\u00f3n en los hechos, oscilan entre los 541 d\u00edas de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los 5 a\u00f1os y un d\u00eda de c\u00e1rcel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Imputados fueron recontratados a honorarios entre enero del a\u00f1o 2012 y julio del 2017. 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