En noviembre de 2019 y ante la aguda movilización popular, casi todos los partidos políticos y líderes individuales como Gabriel Boric y otros, firmaron un acuerdo que intentó salvar al gobierno de Sebastián Piñera, bajo la premisa de contener el estallido social. Eran días de grandes y masivas movilizaciones nacionales, de militares en la calle, de muertos en la lucha por un país más digno, de amenazas de acusación constitucional contra el propio gobernante. En ese escenario, pactaron un compromiso que a poco andar mostró toda su insuficiencia y que fue ampliamente rechazado por los chilenos y chilenas. Ese acuerdo no consideró lo que la multitud pedía en las calles a diario y fue una movida desesperada en el tablero, a espaldas de la gente.<\/p>\n
La semana recién pasada, Piñera una vez más llamó a un acuerdo nacional, que como tal tiene sólo el nombre, ya que no considera las demandas ciudadanas y lo que en derecho exige el pueblo. Los referentes de la derecha, tales como José Miguel Insulza y Mario Desbordes, el primero auto proclamado socialista y el otro Renovación Nacional, con la diferencia que este último es un poco más progresista que el primero. Ambos se sumaron a un llamado a “gran acuerdo nacional” entre las fuerzas políticas del país.<\/span><\/p>\n El nuevo llamado a pactar es otra vez resistido por la ciudadanía que ve en él un nuevo salvataje al modelo y particularmente al régimen piñerista, que podría contar con el aval político para profundizar las medidas neoliberales que ha desplegado ampliamente desde el inicio de la pandemia y que le permitió morigerar la agenda y sacar la gente de las calles. Y a su vez es una excelente justificación, en el entendido que las medidas tan mezquinas salgan mal, para co responsabilizar a la Oposición en su propio fracaso. <\/span><\/p>\n Las medidas económicas y de corte social no han estado a la altura del momento que vive el país y más bien han sido parches para intentar detener lo inevitable, la profundización de la crisis social. <\/span><\/p>\n Ante esto, es bueno recordar que el país cuenta con amplias espaldas económicas para enfrentar mejor que muchos países la crisis económica, pero que Piñera prefiere soslayar.<\/span><\/p>\n Chile cuenta con fondos soberanos por 22 mil millones de dólares, de los cuales la mitad puede ser de disponibilidad inmediata. También se puede usar el fondo de estabilidad económica y social de 12 mil millones de dólares, además de otros recursos que dan cuenta que existen suficiente dineros para enfrentar la crisis. Además, se podría aplicar un impuesto a los super ricos que podría generar otros 6 mil millones de dólares. Y siempre cabe la posibilidad de una re estructuración tributaria que permita recaudar más en tiempos en que las grandes fortunas deben contribuir al momento histórico que vive el país.<\/span><\/p>\n Con estos dineros se puede pensar en una renta básica de emergencia por 6 meses, el fortalecimiento estatal del seguro de cesantía, proteger el empleo, aumentar los presupuestos municipales y permitir que la crisis sanitaria no sea también una crisis social de proporciones.<\/span><\/p>\n Todavía hay tiempo para evitar la creciente protesta social, no para detener los cambios, sino para proteger la vida de las personas, que conforme avance el hambre saldrán a buscar la comida, no importando las condiciones sanitarias que existan, ni las restricciones que el Gobierno coloque para su desplazamiento.<\/span><\/p>\n El nuevo acuerdo nacional, si es firmado por la Oposición política, sólo asegura su descrédito absoluto y compartir el fracaso de la administración Piñera. Por eso lo que tienen que hacer los partidos de las distintas Oposiciones, es exigir la implementación de medidas realmente profundas para enfrentar la crisis y a partir de allí, recién comenzar a dialogar, sin eso es otro cheque en blanco al gobierno.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En noviembre de 2019 y ante la aguda movilización popular, casi todos los partidos políticos y líderes individuales como Gabriel Boric y otros, firmaron un acuerdo que intentó salvar al gobierno de Sebastián Piñera, bajo la premisa de contener el estallido social. 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