lunes, 13 julio, 2020
Hace un poco más de una semana personal del Ejército de Chile, hirió de gravedad a un joven en Villa O’Higgins, la apartada localidad del sur de la región, de menos de 500 habitantes, diez cuadras de extensión a la redonda y unas pocas calles, con una dotación de 15 Carabineros, largamente la mayor cantidad de uniformados por población permanente.
Martín Villegas Sepúlveda, de 20 años, se encuentra en estado grave, recuperándose favorablemente en el Hospital Regional de Coyhaique, tras el balazo que recibió por parte de un uniformado del Ejército de Chile. De acuerdo a la versión de los militares, los jóvenes habrían estado incumpliendo el toque de queda y esta situación habría generado una discusión que terminó con el joven baleado en el tórax. Para la familia y parientes de los civiles incumbentes la situación habría sido distinta, por cuanto señalan que se encontraban compartiendo al interior de un sitio, cuando los militares irrumpieron y se generó el enfrentamiento, que terminó con dos lesionados, uno de ellos de gravedad.
La Fiscalía, sin conocer la versión de todos los involucrados y en un accionar temerario, adelantó que “se ha logrado establecer -de forma preliminar- que la utilización de las armas de servicio de los integrantes de la patrulla estuvo ajustada a Derecho”. Es decir, el Ministerio Público a dos días del incidente y sin conocer la versión de la víctima adelanta conclusiones, sin contar con todos los antecedentes y habiendo entrevistado hasta ese momento sólo a los militares. De alguna manera y previo a las indagatorias, dirige y administra la investigación a priori.
No es menor lo que se juega, porque bien podrían los militares adoptar el argumento de que el uso de sus armas se ajusta a derecho ante cualquier situación poco clara y evitar cualquier investigación seria, más aun cuando la Fiscalía adopta una posición anterior a la investigación misma.
En todo caso, las reglas de uso de la fuerza (RUF) en estados de excepción son bastante claras, donde se define que el último recurso a utilizar son las armas de fuego, tras al menos ocho medidas anteriores, que tiene que ver con el uso de otras armas disuasivas y la negociación correspondiente. La Fiscalía al parecer, aclaró todo “preliminarmente” en tiempo récord y sin la versión de los involucrados.
Lo grave es que confiar en una institución que ha masacrado a su propio pueblo al menos en 40 ocasiones y que ha disparado más balas a chilenos que extranjeros, no es un dato que puede pasar desapercibido, porque se trata del modo de obrar institucional. Lircay, “pacificación de la Araucanía”, masacres obreras desde Arica a Punta Arenas, matanza de Santa María de Iquique y crímenes de lesa humanidad, por nombrar algunas “condecoraciones” del Ejército, “siempre vencedor, jamás vencido”.
En estos momentos el Ejército no está haciendo ninguna investigación sumaria al interior de la institución y todo parece indicar que con el pasar de las semanas el caso irá despareciendo de la agenda de medios de comunicación y pasará a formar parte de esos procesos en que la sensación de injusticia acumula rabia e impotencia en los chilenos, como tantos otros.
